EL MUNDO 05/01/14
· Los terroristas beneficiados por Estrasburgo, avejentados, ofrecieron su «experiencia» para conseguir sus objetivos políticos reivindicándose y justificando a la banda
La realidad de lo ocurrido ayer en el acto de propaganda camuflado tras una rueda de prensa ficticia fue la siguiente: más de 60 terroristas –hay que aclarar que son ex presos pero siguen siendo de ETA– realizaron una convocatoria pública, organizada por «la única estructura activa de la organización en España», en la que se reivindicaron, justificaron la existencia de la banda, señalaron al Estado como corresponsable del terror sufrido a lo largo de la Democracia y se hicieron pasar por víctimas recordando a las víctimas reales que han sido ellos y sus familiares quienes han sufrido un «castigo desmedido».
Siguiendo la lógica de su relato, la consecuencia de ese cúmulo de conclusiones fue la de reclamar, por todo lo que han hecho políticamente, como grupo con autoridad propia –como siempre ha reivindicado ETA para sus presos y sus ex presos–, su participación política en el escenario vasco exigiendo un elemento político como el derecho a decidir. «Ponemos nuestra experiencia y vivencias al servicio del proceso político», dicen.
Los etarras ayer congregados aseguraron que respaldaban el comunicado hecho público por el Colectivo de Presos (EPPK) de ETA pero lo cierto es que resultaron mucho más ambiguos que éstos y elaboraron con guante de seda todo un desafío. No sólo no solicitaron el desarme de ETA, ni la disolución de la banda, ni pidieron perdón –cosa que era de esperar–, ni mencionaron el daño causado. Sino que estamparon la palabra amnistía en la firma de su documento, una reivindicación a la que han renunciado los miembros de ETA en prisión –éstos solicitaban una «salida escalonada en un tiempo prudencial y sin menoscabo de su dignidad política»–, y se limitaron a anunciar que «aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto». Se supone que, en este caso, tales consecuencias sobre las que se acepta de forma vaga una responsabilidad que para nada se concreta, son los muertos y sus familias, pero, dado el contexto, esta frase también puede significar que, si la consecuencia del conflicto acaba siendo la autodeterminación, será gracias a ellos.
Sin duda, la diferencia entre ambos grupos, los beneficiados por Estrasburgo y los del EPPK, es que unos están fuera de prisión y los otros necesitan hacer todo tipo de equilibrios verbales para conseguir que la ley penitenciaria les sea aplicada con benevolencia para poder salir lo antes posible.
Hay elementos que delatan lo contaminado del contexto. Es cierto que los etarras empiezan reconociendo que «nuestras palabras pueden generar sentimientos contrapuestos» y hablan de «humilde aportación» pero, acto seguido, dan las gracias a los suyos por los homenajes con los que les han recibido al salir de prisión y sugirieron encontrarlos merecidos dado que «sólamente entre los que aquí nos hemos reunido, acumulamos cerca de 1.500 años de cárcel». El comunicado del EPPK aseguraba que «lo que nos trajo a prisión fue la lucha por la libertad política y social de nuestro pueblo» y acreditaba que «desde la cárcel seguimos luchando»; en el comunicado de ayer, los etarras anunciaron su intención de «seguir trabajando para superar la represión que hoy en día aún padece nuestro pueblo y conseguir la libertad que tanto merece».
Así, queda claro que «nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto», es decir, que están de acuerdo en que no haya más atentados pero establecen una continuidad entre lo que hicieron «como testigos y sujetos de la lucha» y lo que persiguen.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juez se negaron a impedir la presunta rueda de prensa de los terroristas. Buena parte de la opinión pública considera que ya constituye un ejercicio de violencia, no que queden para comer en privado 60 terroristas patéticamente avejentados que han visto consumidas sus vidas sin conseguir lo que perseguían, sino que comparezcan públicamente convocados por un colectivo que, según informó la Policía «está nombrado e inserto en el llamado frente de makos de ETA».
El fiscal alegó que, según el Supremo, cuando el artículo 578 del Código Penal asegura que la conducta delictiva es el enaltecimiento o la justificación del terrorismo, y la realización de actos en desprecio, descrédito o humillación de las víctimas, se refiere a que los comparecientes han de hacer «una justificación clara y terminante del terrorismo», que el acto ha de «degenerar en una soflama ensalzadora del terrorista y de sus acciones» y que todo en sí ha de configurar una especie de «discurso del odio».
Los etarras lo dijeron todo sin soflamas y con los circunloquios suficientes como para que nada pareciera claro y terminante. Si ahora sigue sin ocurrir nada, si además se siguen permitiendo convocatorias semejantes, significará que, o en su día se legisló sólo para la lucha contra ETA y no para administrar el día después, o que la interpretación de las leyes está siendo sui generis.
El acto de ayer plantea dos cuestiones más. La primera, el problema que este colectivo constituye para la izquierda abertzale que aspira a mantener las riendas de la estrategia política y no quiere estar condicionada ni por la necesidad de protagonismo de quienes se han resistido a su liderazgo desde prisión ni quiere estar al peligroso socaire de sus formulaciones explícitas.
Segunda: fue convocado como rueda de prensa y, no sólo no se permitieron preguntas, sino que al único periodista que intentó preguntar se le expulsó. Sin que el resto formulase una sola queja.