Javier Tajadura Tejada-El Correo

  • Los choques con Argentina e Israel son ejemplos de instrumentalización partidista

La Constitución atribuye al Gobierno la función de dirigir la política interior y exterior del Estado. La dirección de la política interior se traduce en un programa legislativo: el Gobierno elabora proyectos de ley para la realización de su programa y el proyecto de Presupuestos como instrumento fundamental de su política económica. En el confuso panorama político que vive España se puede concluir que el Ejecutivo no está ejerciendo esa función directiva. Ha renunciado inconstitucionalmente a presentar unos Presupuestos y en menos de 48 horas ha visto rechazado un proyecto de ley (el relativo a la prostitución) y ha tenido que retirar otro para no sufrir una nueva derrota parlamentaria (ley del suelo). Su calendario legislativo se reduce a un punto, la concesión de una amnistía inconstitucional -único asunto que cohesiona a la supuesta mayoría progresista que le apoya- y que será aprobada mañana.

Ante la incapacidad de dirigir la política interior no solo por la ausencia de un proyecto político digno de tal nombre, sino por la pretensión de articular una mayoría parlamentaria con fuerzas políticas cuyo objetivo no es la gobernación del Estado, sino su destrucción, el presidente Sánchez se ha centrado en la política exterior. Y en este ámbito el resultado de sus actuaciones no puede ser más desastroso. Los conflictos diplomáticos con dos países aliados de España como Argentina e Israel son un ejemplo deplorable e inaceptable de instrumentalización partidista en clave electoral de la política exterior. Son dos episodios incompatibles con la consideración de la política exterior como una política de Estado que, más allá de las coyunturas, debe ser consensuada entre los partidos centrales y mantenerse estable.

El conflicto desatado con Argentina resulta absolutamente desproporcionado. La relación con este y los demás países hermanos del otro lado del Atlántico es un pilar esencial de la política exterior de España. Pilar para cuya continuidad la Constitución atribuye una función representativa al Rey, que ha resultado fundamental durante el último medio siglo: «El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica» (artículo 56). Juan Carlos I jugó un papel crucial para consolidar esta función y con igual empeño y tesón la desempeña Felipe VI.

La diferencia fundamental reside en el hecho de que los gobiernos socialistas de Felipe González, conscientes de la relevancia de la Corona, aprovecharon su potencial simbólico para reforzar el vínculo iberoamericano de España. Sánchez, por el contrario, prescinde del Rey y actúa en clave presidencialista. Hasta el punto de que, por un inaceptable insulto proferido por el presidente argentino a la esposa de Sánchez («corrupta»), España ha retirado a su embajador en Buenos Aires. Ni siquiera Franco hizo algo similar con Cuba. Hay que remontarse a 1980 cuando, tras el atentado contra nuestra sede diplomática, se retiró al embajador en Guatemala. Desde entonces, nunca se había adoptado tal medida con un país iberoamericano.

Se trata de un despropósito inédito en las relaciones internacionales. Bolsonaro insultó a la mujer de Macron y no hubo retirada del embajador. Lamentablemente, en un contexto donde proliferan dirigentes populistas y extremistas como Milei se ha incluido el insulto como arma arrojadiza. Pero ello no justifica en modo alguno la desproporcionada reacción de nuestro Gobierno que, ‘ideologizando’ la política exterior, la destruye. Y ello para llegar a las elecciones del día 9 presentándose como el baluarte contra la ultraderecha europea que apoya a Milei.

El precipitado reconocimiento del Estado palestino es otro ejemplo claro de utilización electoralista de la política exterior. Y las consecuencias serán ya irreversibles. España ha renunciado con ello a desempeñar en el futuro cualquier papel en una eventual negociación diplomática para encauzar el conflicto palestino-israelí. Con ello, Sánchez destruye otro elemento esencial del legado de Felipe González, impulsor y protagonista destacado del diálogo desarrollado a partir de 1991 y de la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en 1993, base de los posteriores Acuerdos de Oslo. El visceral antisemitismo de una parte del Gobierno, cuyos miembros ponen en cuestión el derecho a la existencia de Israel, ha facilitado que Sánchez tome una decisión -compartida con Noruega e Irlanda- que nos aleja de EE UU y de Alemania, opuestos al reconocimiento unilateral de Palestina. Se supone que en la realidad paralela que ha construido Sánchez, el presidente Biden y el canciller Scholz no son gobernantes ‘progresistas’.

Este recurso a la política exterior como herramienta electoral podrá aportar votos al PSOE en las elecciones europeas, pero conduce a España a su irrelevancia en el escenario internacional.