Política, historia y memoria tras las elecciones del 20-D

· «Tras los comicios generales, los españoles vivimos hoy un momento, a mi entender, crucial, en el que nos jugamos nuestra propia identidad y nuestro futuro»

LOS resultados de las recientes elecciones generales no se explican solo por las reacciones de los ciudadanos ante una oferta política plural o por los cambios que ha experimentado la sociedad española desde 2011. Otros factores, de más largo alcance, han influido en ellos. Los partidos emergentes han puesto en cuestión la democracia española de los últimos años y han ponderado la necesidad de una «Segunda Transición». Se trata, sobre todo para Pablo Iglesias, de superar el «turnismo» –una clara alusión al sistema de la Restauración canovista– de socialistas y populares. Lo hacen a partir de las más discutidas decisiones del segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tres de ellas me parecen especialmente significativas: la Ley de Matrimonio de Parejas del Mismo Sexo, de 2005; el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 2006; y la Ley de Memoria Histórica, de 2007.

La primera de las medidas citadas introducía legalmente en España la ideología de género, basada en un relativismo ético incompatible con la afirmación de la ley natural, con la libertad del hombre creado por Dios con unas «reglas de juego» entre las cuales está la definición de la familia como la sociedad fruto de la unión entre la mujer y el varón.

El Estatuto de Cataluña, sometido a referéndum en junio de 2006 –que seguía al plan «soberanista» del lendakari Ibarretxe de 2004, de tan corto recorrido–, no satisfizo ni a independentistas ni a constitucionalistas y dio paso a una nueva oleada de exigencias soberanistas que ha continuado hasta la actualidad.

En el fondo del problema subyace la propia identidad de España. ¿Es España una nación o estamos más bien ante un Estado plurinacional? Rodríguez Zapatero ya avanzó en su momento su opinión favorable a esta última concepción, que es uno de los puntos clave del programa político de Podemos y, posiblemente, una de las razones más poderosas de su atractivo electoral. Se trata de la manifestación más popular del «derecho a decidir», que, por cierto, no se encuentra recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hay que poner en relación con la interpretación leninista del derecho a la autodeterminación.

La cuestión está, a su vez, ligada a la evolución del Estado de las Autonomías desde la Constitución de 1978 hasta la actualidad. Me parece indudable que el más largo y estable periodo democrático de la historia política española ha sido también una etapa en la cual los poderes autonómicos, haciendo uso de la fuerza nacionalizadora del sistema educativo y de los medios de comunicación que tenían a su disposición, han hecho más por la creación o consolidación de conciencias nacionales particulares que por el reforzamiento de los lazos identitarios entre todos los españoles.

El papel de los símbolos y de la memoria ha sido clave en ese sentido. Y no solo para el proceso de «nacionalización» de catalanes o vascos, sino también para la reinterpretación de la entera historia de España del siglo XX. En la Ley de Memoria Histórica de 2007 subyace una visión de la II República entendida como el primer régimen democrático español, una condena expresa de la sublevación de 1936 y del régimen del general Franco, que afectaría también a la Monarquía de Don Juan Carlos, por cuanto este fue nombrado sucesor por el dictador.

Se explican así con facilidad tanto las decisiones de expurgar callejeros como las críticas a la forma y a los protagonistas de la «Primera Transición», a pesar de que la gran mayoría de quienes la vivimos vimos en ella el mejor medio de salir del sendero cainita por el que se había introducido la historia española contemporánea. No se entiende, sin embargo, cómo la idealización de la II República podía obviar el hecho de que, entre 1931 y 1936, se sucedieran tantas sublevaciones contra el régimen. No se entiende, en concreto, por qué los nombres de generales como Sanjurjo, Franco o Mola debían desaparecer del mapa, mientras se mantenían en él los de los líderes del PSOE –un PSOE todavía comprometido con el socialismo marxista, no con la socialdemocracia– Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto o el presidente de la Generalitat Companys, quienes en octubre de 1934 se sublevaron también contra los legítimos poderes republicanos.

Los españoles vivimos hoy un momento, a mi entender, crucial, en el que nos jugamos nuestra propia identidad y nuestro futuro. Es indudable que la corrupción política, la crisis económica o las desigualdades sociales explican en buena parte el ambiente en el que han tenido lugar las recientes elecciones generales, y sus resultados. Pero conviene no olvidar tampoco el papel que juegan la reinterpretación de nuestro más próximo pasado y el nuevo clima espiritual de la España de comienzos del siglo XXI, que es abiertamente distinto de la concepción cristiana de la vida que ha impregnado nuestra historia como nación abierta a Europa y al mundo.