JOSÉ MARÍA CARRASCAL – ABC – 18/12/16
· Ya que nadie se la hace, me gustaría hacer la siguiente pregunta al presidente de la Generalitat: «Señor Puigdemont, si la junta de vecinos de un edificio de Barcelona decidiese convocar un referéndum para declararse independientes de Cataluña, invocando las características especiales del inmueble, su valor artístico e histórico (algo que, dada la riqueza monumental de la ciudad, reúnen muchos de sus edificios), ¿se lo permitiría?». Porque eso es exactamente lo que ustedes, las autoridades catalanas, están haciendo respecto a España. Y si fuesen consecuentes con su actitud, lo aceptarían, metiendo a Cataluña en un buen lío porque otros querrían hacer lo mismo.
Hay en este embrollo tanta astucia como marrullería, tanto truco como egoísmo. Empieza con el tocomocho del «derecho a decidir» que quiere hacerse pasar por «derecho a la autodeterminación», cuyos límites están perfectamente delimitados por Naciones Unidas a aquellos pueblos que sufren el yugo colonial, algo que no pueden exhibir los nacionalistas catalanes por más que lo reclamen.
Y termina con esa falsa contraposición de justicia y política, que no se da en los Estados de Derecho. «¡Se está judicializando la política!», claman los nacionalistas en cuanto el Gobierno de la nación lleva una de sus controvertidas decisiones a los tribunales. Falso. Se está haciendo cumplir la ley, labor que corresponde no al Ejecutivo ni al Parlamento, sino a los tribunales, estando el Constitucional encargado de decidir qué es legal y qué no lo es.
En una democracia, todo problema político termina siendo un problema jurídico, ya que política y justicia van del brazo, no cada una por su lado, como ocurre en las dictaduras, en las que el Ejecutivo decide lo que está permitido y lo que no. O, en el otro extremo, en las anarquías, donde, eliminada toda fuerza coercitiva del Estado, se dejan las decisiones en manos del «pueblo» en cada momento. Imagino que a los de la CUP no les parecerá mal, siempre que se les reconozca como únicos representantes del pueblo.
Pero dudo que al señor Puigdemont y a sus colegas del Partido Demócrata Catalán les satisfaga tal régimen. Como muchos son letrados y saben perfectamente que en una democracia nadie está por encima de la ley, creo que tras todos esos gritos, pancartas, aspavientos y movilizaciones lo que hay es algo tan viejo como conseguir un estatuto de superioridad sobre el resto de los españoles, obteniendo ventajas al amparo de un «hecho diferencial cultural e histórico».
Pero los hechos diferenciales en el siglo XXI no existen porque todo ciudadano es igual y distinto a los demás, e historia tiene de sobra hasta el último pueblo de España. Aunque hay que admitir que han conseguido, a base de un relato más sentimental que verídico, que nos lo creamos.
El resto lo han puesto una clase política tan miope como ellos y unos españoles encantados con la democracia como un niño con un juguete nuevo con el que jugar a su antojo, sin pensar que, si no se siguen sus instrucciones se rompe.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL – ABC – 18/12/16