Sea porque la izquierda abertzale consiga electos en ayuntamientos, juntas y Parlamento navarro, sea porque no lo consiga, en caso de que el Constitucional resuelva después de las elecciones, sus magistrados pueden encontrar la cuestión de fondo -inacción etarra y moderación radical- tan madura que les resulte difícil dar la razón al Supremo.
Las acusaciones directas o veladas sobre la motivación política que encerraría la decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo, anulando la inscripción de Sortu como formación legal, se refieren a la existencia de una intencionalidad previa o de un ánimo condicionado por indicaciones ajenas al procedimiento judicial. Son las acusaciones que los promotores de Sortu y los portavoces de la izquierda abertzale vertieron una vez se conoció el fallo, recuperando el estigma del Estado como poder monolítico y unívoco. Pero el relato de lo acontecido tras las deliberaciones de los dieciséis magistrados de la citada Sala, cuando tuvieron que adoptar una decisión de sí o no a la impugnación del nuevo partido, permite hablar de ‘política’ en el sentido más neto del término. Puesto que solo una actitud ‘política’ puede explicar que, siendo siete los magistrados que se mostraron contrarios a la ilegalización de la sigla presentada al registro de partidos, únicamente tres se dispusieran a redactar voto particular discrepando del fallo.
Ese corrimiento hacia la postura mayoritaria indica que las desavenencias fueron mayores de lo que presupone el resultado final, lo cual probablemente se traslade al contenido de la sentencia. Sería aventurado suponer que la falla descubierta en el Supremo allanaría el camino ante el Constitucional si éste resuelve de inmediato. Hipótesis más probable si la sentencia corrige a la baja algunos de los argumentos presentados por el Abogado del Estado y la Fiscalía General. La celeridad con la que se ha pronunciado el Supremo invitaría al Constitucional a pronunciarse con anterioridad al 18 de abril, fecha límite para la presentación de candidaturas a los comicios del 22 de mayo. Pero lo más significativo del caso es la parsimonia con la que actúa la propia izquierda abertzale, que esperó hasta el último momento para dar forma a Sortu y ahora parece hasta indolente, dispuesta a situar su recurso al TC al margen del calendario electoral, como si fuesen los demás, empezando por el lehendakari López, quienes tuvieran más prisa que ellos. Parsimonia que alienta la impresión de que, en realidad, los sucesores de Batasuna se sentirían hoy más cómodos a cobijo de una coalición con EA y Alternatiba (Bildu), combinada con agrupaciones locales de electores, que encorsetados por la sigla del sol naciente.
Consumado el esfuerzo de depuración doctrinal en los estatutos presentados al registro, la izquierda abertzale y los integrantes nominales de Sortu se disponen ahora a esperar que sea el Estado quien se mueva de posición, activando el TC o, mejor, admitiendo la integración de sus candidatos en las listas de la coalición Bildu y en agrupaciones de electores. La idea de que si no es esta vez será la siguiente ha calado tan hondo en amplios sectores de opinión que resulta más difícil justificar por qué no ahora. Para apretar un poco más a la izquierda abertzale y ponerla a prueba, sería la respuesta. Pero está claro que los herederos de Batasuna no irán más allá de donde han llegado con los estatutos de Sortu y su defensa ante el Supremo. Porque, en el peor de los casos, a cambio de que al final no puedan presentarse a las elecciones locales y forales, saben que lograrán pacificar su interior, garantizar la unanimidad. Es esto lo que confiere tranquilidad a sus dirigentes. Aunque saben que deberían darse alguna prisa, porque cuanto más tarde se produzca su vuelta a la legalidad más evidente se hará que el «nuevo escenario» anunciado tan religiosamente a sus bases se reduce a su propia legalización.
La llamativa vuelta de la izquierda abertzale al juego institucional puede proyectar la sensación de un triunfo, sobre todo si su presencia desbarata el juego de mayorías precedente y condiciona la gobernabilidad futura. Si de una manera u otra la izquierda abertzale logra participar en los comicios del 22 de mayo, habrá probablemente dos triunfadores: ella y el Partido Popular. No tanto porque ambos estén en condiciones de obtener un resultado excepcional en Euskadi, como por el retraimiento que el especial protagonismo de la izquierda abertzale y el ascenso del PP en los pronósticos pudiera inducir entre los seguidores potenciales de otras opciones. La eclosión de los sucesores de Batasuna no garantizaría su éxito con posterioridad al primer escrutinio. Pero contrastaría tanto con la imagen apocada y en declive que vienen ofreciendo en los últimos tiempos -en comparación a cuando aparecían con un valedor armado detrás- que se percibiría exitosa entre sus propias filas.
Parecidos efectos tendría que, no pudiendo concurrir a las elecciones locales y forales de mayo, la izquierda abertzale recuperase la legalidad de cara a unas generales que podrían adelantarse al próximo otoño. Un PP ganador y los herederos de Batasuna en condiciones de regresar al Congreso y al Senado como la voz más disonante de las Cortes de Rajoy. Sea porque la izquierda abertzale logre colocar electos en ayuntamientos, juntas generales y Parlamento navarro, sea porque no lo consiga, en el probable caso de que el Constitucional resuelva sobre el recurso que presente Sortu después de las próximas elecciones, sus magistrados pueden encontrar la cuestión de fondo -inacción etarra y moderación radical- tan madura que les resulte muy difícil dar la razón al Supremo. Se convertiría en un trampolín moral que permitiría a la izquierda abertzale acomodarse definitivamente en la desmemoria.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 26/3/2011