La deriva es extremadamente peligrosa. El sector público es cada día mayor y absorbe un parte creciente de las actividades privadas. Lo hace con un aparato administrativo que crece y crece hasta alcanzar, según la EPA, los 3,65 millones de trabajadores que cobran de media un 32% más que en el sector privado, con unas condiciones de horas trabajadas, permisos y bajas mejores. Por algo es necesario realizar los exámenes de las OPE en los polideportivos más imponentes y en las instalaciones públicas con mayor aforo. Y a pesar de crecer y ser más caro seguimos sin conocer su auténtica necesidad y su verdadera utilidad, porque siempre se niegan a realizar el más leve análisis de coste-beneficio. No se trata de reducir el gasto social por el mero hecho de reducirlo, se trata de saber si podríamos hacer lo mismo con un coste menor o más, con el mismo. Pero nunca hay tiempo para hacerlo, porque nadie tiene interés en hacerlo.

Y además de grande, se hace omnipresente y se entromete más y más en la vida de personas y empresas. Este Gobierno ha avanzado muchísimo en el control, o al menos en el deseo de controlar las decisiones de los ciudadanos. Antes fueron las ideas de regular los precios, más tarde se propuso la creación de observatorios de márgenes, quisieron topar los beneficios, algunos sueldos, y un largo etc, en el que se incluye el asalto directo a empresas importantes (recuerde Indra).

Ahora le toca a la vivienda. Es sin duda un problema de primer nivel, pues hay muchas zonas de España que se encuentran muy tensionadas por causa de una demanda que no encuentra satisfacción a unos precios asumibles. Pero como siempre sucede con tantos y tantos problemas, en lugar de dirigir la acción de las administraciones a solucionar las causas de los problemas que aparecen, es decir a la escasez de la oferta, lo hacen a sus efectos, que son las subidas de los precios. No es fácil de adivinar dónde encuentran la autoridad moral suficiente para suponer que ellos son capaces de asignar los recursos escasos de manera más eficiente que el propio mercado. Pero lo hacen. Y lo hacen contra toda evidencia que demuestra que esa deriva acostumbra a provocar mayores desabastecimientos, precios más elevados, mercados oscurecidos o directamente negros y, al final, corrupción.

La nueva ley ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de una mayor y más cruenta intervención en el mercado de la vivienda. ¿Cuál ha sido el resultado de experiencias similares? Nefasto. Ya, pero en campaña es una tentación irresistible, esta de disfrazarse de superhéroe y acudir presto a la llamada de cualquier necesitado. Luego, vendrán los resultados. Pero con un poco de suerte, –para ellos y quizás también para nosotros–, no estarán ahí los diseñadores de tanta intervención para exigirles responsabilidades.