Ignacio Camacho-ABC
- Para el separatismo la corrupción es una rutina que necesita la protección de un seguro de garantía a medida
La malversación es un tipo delictivo que penaliza el mal uso del patrimonio público. Es decir, que lo cometen funcionarios o altos cargos cuando desvían fondos para finalidades o actos distintos a aquellos para los que fueron consignados. La Generalitat de Cataluña lo acaba sin embargo de convertir en una contingencia normal del ejercicio presupuestario al avalar con una partida ‘ad hoc’ las fianzas de los acusados de financiar la propaganda internacional del ‘procés’ con dinero de los ciudadanos. Es decir, que no sólo da respaldo a una modalidad de corrupción sino que la institucionaliza convirtiéndola en prerrogativa oficial de sus competencias políticas. La creación de este seguro de desfalco representa un inédito avance de ingeniería administrativa que en vez de combatir la ilegalidad viene a reconocerla como rutina, como una suerte de eventualidad inevitable en el servicio de la causa independentista. Y en consecuencia suscribe una póliza a medida para que sus dirigentes pasados, actuales y futuros puedan malversar o prevaricar con todas las garantías frente a las reclamaciones de la justicia.
Más allá de la indignación, a estos tíos casi hay que admirarles un desparpajo rutilante. Por mucho que se sientan inmunes gracias al trato de favor que les otorga Sánchez, se necesita una jeta considerable para sentirse capaces de desafiar a los tribunales y al mismo tiempo tomar de esa forma el pelo a los catalanes, a los que obligan a pagar dos veces el mismo fraude. Como ni siquiera conseguían recaudar lo necesario en la colecta entre los de su propia cuerda -tan reacios a soltar pasta como entusiastas en la protesta-, les pasan la factura a todos, propios y extraños, detrayéndola de los servicios que no prestan. Y se quedan tan ufanos de la idea, en la seguridad de que nadie les va a pedir a cuentas y si se las piden siempre habrá quien les resuelva el problema alegando que es menester trabajar por la convivencia. Tienen tal sensación de impunidad que se permiten dar carta de naturaleza a la desviación de poder mediante la invención de un fondo de contingencia que cubra la responsabilidad de sus corruptelas. De un exdirectivo de la Caixa no se podía esperar menos que un alarde de creatividad financiera.
Y el Gobierno, claro, sin criterio. Que estudiará la cuestión, dice el presidente sin torcer el gesto después de que la portavoz Montero -otro papelón- esquivase cualquier pronunciamiento. Y que no habrá nada que objetar «si es conforme a derecho». Previamente ha retirado a la Abogacía del Estado del pleito alegando que los caudales desviados salieron de otro presupuesto. Asuntos ajenos. No fue la democracia española la agredida ni su prestigio el desacreditado con una campaña en el extranjero. Raro será que no la acabemos pagando entre todos con un préstamo. La concordia, el reencuentro y tal siempre exigen un cierto esfuerzo.