Editorial-El Correo
Gracias al decisivo voto de un tránsfuga acorralado por la Justicia, el Senado mexicano acaba de aprobar una controvertida reforma constitucional por la que todos los jueces -incluidos los de la Corte Suprema- serán elegidos por voto popular. Una propuesta marcadamente populista que amenaza con politizar hasta el extremo la Judicatura -cada candidato a un cargo judicial habrá de presentarse bajo las siglas de un partido-, cuando sus decisiones deberían guiarse por la independencia y la recta interpretación de las leyes, y puede entregar la selección de numerosos jueces al poder territorial de los cárteles de la droga en un país en el que el narcotráfico tiene un enorme peso.
Sin olvidar el riesgo de que la separación de poderes que caracteriza a un Estado de Derecho desaparezca si un mismo partido los controla todos. Es muy cuestionable que esta fórmula, pese a su apariencia democrática, sea la idónea para seleccionar cargos con un elevado componente técnico y que han de ejercerse con absoluta imparcialidad. La Justicia mexicana necesita profundos cambios para recuperar su prestigio, no atajos simplistas que ponen en jaque la seguridad jurídica y solo generan incertidumbre.