ABC-ÁLVARO VARGAS LLOSA
LOS MERCADERES DEL PAVIMENTO
EN el París del siglo XII, los «mercaderes del agua», uno de los primeros gremios, obtuvieron el monopolio de la navegación comercial entre esa ciudad y Mantes. Poseedores exclusivos del comercio fluvial en París, fueron capturando, hasta consustanciarse con él, el poder municipal, al punto que se daban el lujo de cobrar impuestos.
Así, la institución antigua de la guilda, que había tenido en sus orígenes cierta nobleza porque nació para promover la asistencia mutua entre gentes con alguna afinidad (aunque luego había empezado a degenerar), se convirtió en un grupo de interés mercantilista. Había surgido, pues, el germen del corporatismo moderno; era sólo cuestión de tiempo para que el fascismo, que es el corporatismo controlado por el Estado, reinara con Mussolini.
Es imposible en estos días, observando a tantos taxistas españoles emplear el chantaje, la violencia y el sofisma como instrumentos para proteger un privilegio, no pensar en los mercaderes del agua y el gremialismo medieval, y casi de inmediato en el fascismo, no sólo por los métodos sino por la visión de España que se desprende de sus actos y su discurso. De paso, es difícil no quedar irremediablemente imbecilizado (o desarrollar una aguda urticaria estival, o caer en una risa histérica) viendo a los progresistas defender este germen de fascismo.
¿Qué cosa pretenden realmente los taxistas que han castigado en estos días a la sociedad española (volverán a hacerlo en cuanto pase el verano) y chantajeado al Estado para obligarlo a cambiar o incumplir la normativa del transporte? A lo que conduce directamente su actuación es a un país donde la representación política ya no la tengan las autoridades elegidas por los votantes españoles, sino los grupos de interés, y donde no sea la pertenencia a un territorio, en este caso España, sino la función dentro de la sociedad lo que permita a un ciudadano estar representado. El gremio de los taxistas, que no son empleados, sino en su mayoría autónomos y hasta empresarios, pretende sustituir al pueblo, o sea, los ciudadanos, como sujetos de derechos políticos y civiles, y parcelar a la sociedad en grupos de representación excluyentes según qué oficio se ejerza.
Las VTC como Uber y Cabify a las que, mediante la trampa de descentralizar su regulación, quieren despojar de muchas de sus apenas siete mil licencias por un inexistente incumplimiento de la ley son el mero pretexto para entronizar el corporatismo. Es decir, para desfigurar la democracia liberal y la larga tradición de derechos políticos y civiles del individuo.
En una primera instancia, son los gremios medievales los que se apoderan del Estado (en su versión local) y en una segunda instancia, la del fascismo moderno, es el Estado el que se apodera de las corporaciones. En la España de los mercaderes del pavimento, por ahora son los taxistas los que se están apoderando del Estado, forzando al Gobierno central a ceder, y mañana o pasado mañana obligando a los ayuntamientos a dejar sin trabajo a los españoles que viven de Cabify o de Uber. La pregunta inevitable es: ¿habrá, si lo logran, una segunda instancia en que políticos corporatistas elegidos en la urnas, intuyendo la extraordinaria oportunidad, consigan, desde el Gobierno central, apoderarse a su vez de las corporaciones?
Son tiempos raros en que inventar tecnologías, utilizar el ingenio para ofrecer servicios gracias a ella, dejar de ser empleado o desempleado para prosperar por cuenta propia, facilitar que la gente se movilice por la ciudad sin ser dueño de un auto y pagando las tarifas que la oferta y la demanda determinan, y cortejar al usuario o cliente es considerado una monstruosidad.