Si en el pasado mes de setiembre media clase política ya se echó encima del juez Marlaska por haberse atrevido a llamar a declarar a Otegi, ese hombre, ahora ya el propio fiscal Conde-Pumpido y los dirigentes socialistas vascos le afean ese tipo de iniciativas.
Tal es el embrollo en el que está metida la política española desde que Zapatero pensó que el Estatuto catalán y el fin de ETA eran dos retos de los que saldría airoso con facilidad, que, desde ayer, el presidente ni siquiera puede presumir de haber cumplido con su palabra. Porque el Estatuto catalán poco tiene que ver ya con el que salió aprobado por la mayoría del parlamento catalán. Por eso, el nuevo estatuto obtendrá menos consenso que el conseguido en Catalunya. Los ‘pulidores’ del texto han afilado las aristas de la definición de nación, de la financiación y de la imposición lingüística, y el fruto de tanto pulso le podrá gustar a Manuela de Madre pero a ERC no le convence. Uno menos. Se pierde un socio por el camino por donde deambula un marginado Maragall (más rehén que president) desde que Zapatero decidiera hacer cambio de socio en medio de la legislatura, con nocturnidad y alevosía. Su concepto de la lealtad, pues, también ha quedado en entredicho.
Pero hay más. Después del permiso solicitado al Congreso para dialogar con ETA, el entorno de la banda terrorista se había subido tanto a las barbas del Estado de derecho, haciendo gala de su ilegalidad consentida y amortizada, que el magistrado Marlaska (¡qué soledad la de este juez!) se ha puesto manos a la obra para que, entre otras cosas, el vandalismo de la última huelga general no le saliera gratis a los representantes de la ilegalizada Batasuna. Si el pasado mes de setiembre, media clase política ya se le echó encima por haberse atrevido a llamar a declarar a Otegi, ese hombre, ahora ya el propio fiscal Conde-Pumpido y los dirigentes socialistas vascos le afean ese tipo de iniciativas.
El Fiscal General del Estado (sobre todo del Gobierno) se ha visto tan cuestionado por el contraste de las iniciativas de este juez con su abierta inhibición desde que decidió no ver indicios de parentesco político entre las Comunistas de las Tierras Vascas y Batasuna, que le da por sacudir a Grande-Marlaska que, por lo visto, es de goma. Y todos se apuntan. El primero, el Gobierno vasco, que se hace un lío con la separación de poderes y pide a los jueces «que no impidan el proceso de paz».
Pero donde cunde la pasión es en el patio socialista. Pastor, advirtiendo que este juez «inquieta a la ciudadanía». El presidente Egiguren admitiendo que quiere que Otegi sea el interlocutor en el diálogo con ETA. Unos mensajes, en fin, que se parecen muy poco a los que ha oído toda su vida la defenestrada Rosa Díez. ¿Quién ha cambiado de rumbo? Pero como quienes recelan del diálogo con ETA, aún activa, son calificados de «obstaculizadores del proceso», hagamos coro para decir «!por favor, Mariano!». Eso sí, en un tono menos chulesco que el del Fiscal General.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 22/3/2006