La contaminación política de la cúpula de la Guardia Civil es uno de los efectos más desoladores de la colonización de las instituciones por el sanchismo. La idea de poner bajo control gubernamental todos los resortes del Estado de derecho ha sido estratégica en esta legislatura, cuya razón de ser sigue siendo dejar sembrado un campo de minas para un futuro gobierno de la derecha. La perseverancia antidemocrática de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder responde también a tener planificado el día después del sanchismo para no perder sus anclajes tenebrosos en ciertos espacios estatales. El resultado de este plan de sojuzgamiento es patente en la Fiscalía General o el TC. Ha fracasado con los jueces y la Fiscalía Anticorrupción y continúa con el acecho a la policía judicial de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO).

Una cierta retrospección es ilustrativa de que la relación del Gobierno con la Guardia Civil ha sido siempre hostil, como se vio con los ceses de los coroneles Pérez de los Cobos y Sánchez Corbí. Sin embargo, las revelaciones exclusivas de ABC sobre la presión a determinado mando para que no asistiera a los actos del 2 de mayo organizados por la Comunidad de Madrid en 2025 han ampliado el ángulo de la infección partidista en el Instituto Armado. El general Fernado Mora fue víctima de advertencias amenazantes («atente a las consecuencias»), insultos y vejaciones irreproducibles que le dirigió el teniente general Luis del Castillo, responsable del Mando de Operaciones, para disuadirlo de aceptar la invitación de la presidencia madrileña. Las conservaciones grabadas por el general Mora están incorporadas a una denuncia presentada en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, denuncia que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Togada para que abra una investigación penal contra su superior. El lenguaje soez empleado por Del Castillo, siendo grave, es cuestión menor frente a la finalidad partidista de su intervención como correa de transmisión de una orden política que solo tenía encaje en la campaña del Gobierno, del PSOE y de la izquierda contra Díaz Ayuso. Resulta difícil aceptar que tan alto oficial de la Guardia Civil se prestara a semejante manipulación, ajena por completo a las funciones legales de la institución a la que pertenece.

El nivel de abducción del teniente general Del Castillo es similar al que ayer mostró su todavía superior, el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, quien afirmó en el Senado que no pensaba dimitir aunque se encuentre imputado en la causa de las ‘cloacas’ socialistas. Se escudó en que sus superiores le han pedido que siga en el puesto, aunque en estos casos, y más tratándose de un oficial de alto rango delCuerpo, parece que tendría que haber sido su conciencia, y no Marlaska, quien le dijera qué es lo más correcto y lo mejor para su institución. Llamas llegó a arremeter contra sus subordinados en la UCO, acusándales descabelladamente de «proactividad tóxica», «exceso de protagonismo» y «vanidad». Un teniente general denostando gravemente a sus compañeros en la Guardia Civil… Había sospechas, pero queda confirmado que, tristemente, es un sanchista más.

Esta realidad tan sorprendente y decepcionante justifica reflexiones que, antes o después, tendrán que recibir una respuesta. Cabe preguntarse si el Ministerio del Interior sigue siendo el espacio idóneo para alojar la estructura jerárquica de la UCO de la Guardia Civil, que es una unidad de policía judicial bajo la autoridad funcional de los jueces instructores que investigan hechos delictivos. Muchos debates sobre la justicia penal se fijan en cuestiones meramente organizativas o en cómo achicar espacio a los jueces a favor de los fiscales, pero se ignora o se aparca el gran debate sobre cómo asegurar la autonomía –bajo control de los jueces– de la policía judicial.

Ahora mismo, la dirección de la Guardia Civil instalada en el Ministerio del Interior se ha convertido en un brazo ejecutor de las peores políticas del Gobierno y del PSOE, de la que Mercedes González, como directora general, y el ministro Grande-Marlaska, como responsable último de todos ellos, son cooperadores necesarios. Y ahí están dos tenientes generales metidos en el barrizal montado por Leire Díez y Santos Cerdán y en la obsesión socialista con Díaz Ayuso. El sanchismo tóxico.