- “Si algo nos enseña la historia es que el apaciguamiento naif y las ilusiones inocentes que nos hacemos sobre nuestros enemigos son un disparate” (Ronald Reagan)
Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «hay un tiempo para el castigo y otro para el perdón», en un intento patético de preparar el terreno para la concesión de los indultos a los autores del golpe a la democracia perpetrado por el separatismo en otoño de 2017.
Otro Sánchez, Jordi, el secretario general de Junts per Catalunya, no ha tardado en recoger el guante del presidente del Gobierno y ha asegurado que no son ellos quienes han incumplido la ley, sino los magistrados del Supremo con su sentencia; y que no son ellos, los cabecillas del golpe, quienes han de pedir perdón, sino las víctimas a las que hay que resarcir por el injusto castigo infligido.
Esta es, si cabe, la consecuencia más ominosa de la presunta pretensión del presidente del Gobierno de conceder la medida de gracia. Se trata de un menosprecio acaso irreversible a la autoridad de nuestro Alto Tribunal, que después de haber celebrado un juicio con todas las garantías procesales que todo el mundo pudo seguir por televisión en riguroso directo, ahora vería como el Gobierno le enmienda la plana de forma arbitraria con el único objetivo de preservar el apoyo de los partidos separatistas.
En cualquier caso, si ha de haber perdón no debería ser el presidente del Gobierno quien de forma unilateral lo decida, sino en todo caso el tribunal sentenciador, la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país, que en su informe preceptivo sobre la procedencia de la medida se ha manifestado rotundamente en contra:
No tiene ningún sentido indultar a quien se autodenomina preso político, no muestra indicio de arrepentimiento y amenaza con reincidir
«Cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos, las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación”.
La conclusión es clara: no tiene ningún sentido indultar a quien se autodenomina «preso político», no muestra el más mínimo indicio de arrepentimiento, no por su ideología sino con relación a sus delitos, y amenaza sistemáticamente con reincidir en la vía insurreccional. Semejante indulto nunca puede servir al interés general de España, sino únicamente a los intereses espurios del presidente del Gobierno, presa de su política de pactos con todos aquellos que aspiran a liquidar nuestro ordenamiento democrático.
De ahí que resulte tan escandalosa la sola idea de que Sánchez desoiga al Supremo, máxime cuando la medida de gracia beneficiaría a los dirigentes políticos de cuyo apoyo depende la continuidad de su Gobierno.
Como presidente del grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlament y a la sazón portavoz del principal grupo de la oposición durante las aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, quiero dirigirme al presidente del Gobierno de España y exigirle que, por el bien de nuestro Estado democrático de Derecho y en aras de la convivencia en Cataluña y en toda España, descarte unos indultos que sólo favorecen a diez individuos que desprecian profundamente a más de la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles.
Está en juego la convivencia democrática en España y el prestigio de nuestras instituciones
Sr. Sánchez, no anteponga su continuidad en la Moncloa al prestigio de las instituciones de todos. Si no quiere atender al Tribunal Supremo, que es lo que debería hacer como demócrata, escuche al menos a Felipe González y otros miembros insignes del PSOE que advierten del daño que los indultos harían a la estabilidad de España.
Por todo ello, y ante el inquietante discurso del presidente Sánchez, desde Ciudadanos hacemos un llamamiento a todo el constitucionalismo a participar de una concentración cívica el próximo viernes 11 de junio a las 19 horas ante la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Está en juego la convivencia democrática en España y el prestigio de nuestras instituciones.
El espíritu cívico y de concordia de las manifestaciones constitucionalistas de octubre de 2017 debe presidir esta concentración para lanzar un mensaje alto y claro en favor de la democracia y el Estado de derecho.
*** Carlos Carrizosa es presidente del grupo parlamentario de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña.