Lo más paradójico es que la misma formación ultra que defiende el veto en favor de la dignidad de las mujeres luego cuestiona de plano, allá donde tiene capacidad de gobierno, los avances en las políticas igualitarias y en la lucha contra el machismo. El proponente presentó la discusión bajo la amenaza de expulsión y de sanciones económicas e, incluso, de cárcel por imponer esas vestimentas, un duro sesgo que fue utilizado por los partidos más críticos con el burka -PSOE, Junts y PNV- para echarse a un lado y frenar la proposición de ley. Es cierto que la libertad religiosa en la que se amparan los más reacios a vetarlo es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, como la libertad de credo o de ideología. Pero la norma también establece limitaciones «necesarias para el mantenimiento del orden público recogido por la ley». Por ejemplo, la seguridad ciudadana, agudizada tras la alarma por la ola de atentados yihadistas.

Por encima de ese marco legal garantista e, incluso, de un pulso religioso con el islam en virtud de la tradición cristiana de España, debería situarse el derecho de las mujeres a no ser denigradas con prendas de uso exclusivo femenino que las estigmatizan. Que las hacen invisibles como personas en base a una interpretación fundamentalista del Corán, víctimas de un recato brutalmente mal entendido que apenas les concede una rejilla a la altura de los ojos para relacionarse con sus semejantes. Y que da por hecho una visión sexualizada de ellas en la mirada del otro. Posiblemente aún no es el problema que se vive en otros países europeos, pero convendría evitar que lo sea para que la ultraderecha no gane el debate en la calle.