Santiago González – Blog de Santiago González
Algo debimos sospechar cuando en la jornada constitutiva de las nuevas Cortes asistimos al despropósito generalizado delas fórmulas insospechadas de acatamiento, que en parte de sus señorías eran perífrasis inadecuadas y en otra parte reservas mentales que negaban el meollo del asunto y la propia Constitución. En el fondo son motivos para el dudoso orgullo de lo vasco que sostienen nuestros nacionalistas. Los españoles habrán dado al mundo el concepto de ‘guerrilla’, pero los vascos han regalado a los españoles el derecho a decidir y la reserva en el acatamiento que inventaron los batasunos en los años 80: “por imperativo legal, sí prometo”.
Las cosas han cambiado mucho en los 30 años transcurridos desde entonces. Ha cambiado sobre todo el PSOE y la Presidencia del Congreso que los socialistas ordenaban. Por entonces presidía la Cámara baja Félix Pons, un presidente con más claridad de ideas que Meritxell, mi Meritxell en su función institucional, y no digamos si lo comparamos con la compañera Francine Armengol en tanto que socialistas mallorquines ambos. En 1989 los diputados de HB Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y un terrorista etarra y mancebo de farmacia llamado Angel Alcalde usaron la cláusula ‘por imperativo legal’ y Pons les dijo: “no habiendo prestado acatamiento según la fórmula reglamentaria, no adquieren la condición de diputados”.
En fin, otros tiempos, pero volvamos al tema. Los diputados de Podemos prometieron mayormente “por la democracia y por los derechos sociales” y miren por donde viene a resultar que los derechos sociales eran esto que el partido-guía ha pactado con los mindundis de Podemos un aumento del 4% en la RGI, que vienen a suponer unos 16 millones de euros. El PNV había propuesto un aumento del 2%, mientras la coalición morada pedía un 8. La cosa se ha quedado en la mitad, que sumado al 3,5% que ya habían subido para los presupuestos del ejercicio corriente, vienen a suponer un incremento del 7,5% en la renta básica. Recordarán que el pacto de Gobierno suscrito por el PNV y su leal PSE suman 37 escaños en el Parlamento vasco, a falta de uno para la mayoría absoluta, por lo que necesitaban la abstención de Elkarrekin Podemos.
Y el precio han venido a ser esos dineritos que van a beneficiar a los perceptores de la renta de garantía de ingresos además de los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno vasco, que van a pasar a beneficiarse de la condición funcionarial y a cobrar trienios, que hasta ahora no cobraban. El régimen reconoce a los suyos. El tal Martínezn tiene motivos para estar contento esos 16 millones de aumento de la RGI son una parte menor de los 200 millones cuyo destino van a decidir los podemitas vascos en los próximos dos años, mayormente orientados, ya lo habrán adivinado, a la protección social.
El PP ha calificado de muy malos los presupuestos y ha criticado razonadamente que vayan a disminuir las inversiones previstas y en cambio vaya a aumentar el gasto corriente, un gasto que no se puede recortar. El gasto social es sagrado pero los trabajadores privados van a ser penalizados. El PNV es un partido de gran flexibilidad adaptativa. Si toca ser de Podemos, ellos como Pedro Sánchez.