Hace unos días, Escocia volvía a situarse como ejemplo del agravio comparativo que, según el independentismo, sufre Cataluña. Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, anunciaba su intención de celebrar un nuevo referéndum de independencia entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019. Según ella, las circunstancias han cambiado desde 2014 –entonces el no a la independencia (55,3%) se impuso al sí (44,7%)–. Sturgeon alude esencialmente a la salida del Reino Unido de la UE que los británicos votaron en referéndum en junio de 2016. En Escocia, el 62% se pronunció a favor de la permanencia en Europa. La propia Sturgeon lo advierte: «Escocia no es lo mismo que Cataluña». Ni España es lo mismo que el Reino Unido. Para empezar, en lo que se refiere a la lealtad con el Estado.
CONSULTA PACTADA.
La noticia es precisamente que Sturgeon ha comunicado a May su intención de celebrar otro referéndum. En 2012, el Gobierno británico y el escocés firmaron un acuerdo en Edimburgo para fijar la fecha del primero. Un año después, Alex Salmond y David Cameron elaboraron el borrador para la consulta que aprobaría el Parlamento británico. Pese al histórico pactismo catalán del que tanto alardea Puigdemont, en ningún momento la Generalitat ha tenido intención alguna de buscar una solución legal. El lunes, Artur Mas fue condenado por organizar la consulta independentista del 9-N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, ¿sería posible organizar una consulta legal en España?
LEGALIDAD.
La diferencia clave entre Cataluña y Escocia es que el referéndum escocés de 2014 fue legal y consensuado. Y lo mismo pasará si se celebra una nueva consulta. En España, sin embargo, esto no es posible porque la Constitución proclama la indivisibilidad de la nación y atribuye al Estado (Corona, Gobierno y Cortes) la competencia exclusiva en materia de referendos. «El poder de reforma constitucional no comprende la facultad de prever, en la propia Constitución, la destrucción del Estado. Esto sólo sería posible si, en un proceso constituyente, el pueblo soberano habilitase la posibilidad de fragmentar el Estado», explica Muñoz Machado.
Reino Unido no tiene una Constitución como tal, sino una serie de documentos que, como indica el constitucionalista Jorge de Esteban, comienzan con la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215), a la que fueron añadiéndose convenciones y acuerdos. Muñoz Machado explica: «No tiene Gran Bretaña una Constitución escrita que se oponga a la celebración de un referéndum de independencia en Escocia. Depende de lo que decida el Parlamento británico, que no está sometido a ninguna norma superior que constriña su poder. El referéndum de 2014 se celebró tras una petición de Escocia a la que siguió un acuerdo sobre el procedimiento a seguir y el contenido de la pregunta a formular. Se utilizó, además, la fórmula de delegar poderes a Escocia, de acuerdo con la ley que regula su régimen de autonomía, para que pudiera ser convocado y organizado. El Parlamento de Escocia acordó en 1707 la Unión con Inglaterra, en un acuerdo que tiene una naturaleza semejante a un tratado internacional. Al no existir una Constitución común, se mantiene un derecho de separación que es por completo ordinario en los acuerdos de naturaleza internacional, de los que cualquiera de las partes puede separarse. Lo contrario es lo que imponen las constituciones en todos los Estados europeos, incluida España».
En este sentido, apunta Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, «el caso de Escocia es excepcional». «El principio de unidad e integridad territorial está presente en todas las constituciones y es fundamental en el Derecho Internacional. Una parte de la población no puede romper la unidad nacional».
En cualquier caso, la celebración de una nueva consulta pactada en Escocia parece improbable. Theresa May ha manifestado su intención de que el Parlamento británico no apruebe esta vez la iniciativa.
HISTORIA.
Gabriel Tortella, uno de los más destacados expertos en Historia de la Economía, afirma que no existen pruebas documentales de que Cataluña haya sido nunca un país independiente. «Ni siquiera en el siglo XI, cuando esa serie de territorios pirenaicos de los que formaba parte Cataluña pasaron del Imperio Carolingio a Aragón». En 1137 Cataluña se unió definitivamente a Aragón por matrimonio y lo mismo pasó en 1479 cuando, tras el matrimonio de los Reyes Católicos y el ascenso de Fernando al trono, Aragón se integró con Castilla. Escocia, por contra, fue un reino independiente durante siglos y se unió a Inglaterra y a Gales formando el Reino Unido en 1707. Tortella además recalca las guerras de independencia que enfrentaron a Escocia e Inglaterra en los siglos XIII y XIV. «Los escoceses tienen a sus héroes, William Wallace y Andrew Moray, y llegaron a invadir el norte de Inglaterra».
Económicamente, tanto Cataluña como Escocia son regiones ricas dentro de España y Reino Unido. En esto hay similitudes. Escocia supo aprovechar bien la revolución industrial, aunque no se benefició especialmente de la expansión del imperio británico. No sería este el caso de Cataluña: su industria textil se benefició durante tres siglos de la protección arancelaria y del acceso al mercado español a raíz de la unificación económica llevada a cabo por Felipe V. En la actualidad, las dos regiones dependen del comercio con Europa, si bien Cataluña carece de los importantes yacimientos petrolíferos con los que cuenta Escocia.
LA UE.
En el informe que publicó el Gobierno británico sobre las implicaciones que tendría la independencia escocesa en febrero de 2013, destacaba sobre todo la necesidad de que los escoceses tuvieran información veraz de las consecuencias nacionales e internacionales de la independencia. Entre ellas la salida de la UE, el argumento que se esgrime ahora para celebrar un nuevo referéndum. El Gobierno de España, sin embargo, ha dejado de lado la pedagogía en torno a las consecuencias de la independencia de Cataluña. No habría que olvidar que, inicialmente, la pregunta que pretendía formular Artur Mas era: «¿Desea usted que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de la Unión Europea?». Una posibilidad excluyente. Como advierte Mangas, sólo la posibilidad de incluir el nombre de Cataluña o Escocia en el Tratado requiere una revisión del mismo por unanimidad de todos los Estados miembros.
LA ACCIÓN DEL GOBIERNO.
Araceli Mangas insiste en uno de sus artículos que España tiene mucho que aprender sobre la lealtad de los gobiernos escocés y británico durante el proceso que precedió al referéndum de 2014. Eso no ocurre en Cataluña, donde el Gobierno central ha hecho la vista gorda con la retirada de símbolos nacionales, como por ejemplo la bandera que ha dejado de ondear en los ayuntamientos sin que hubiera consecuencias legales.