Nacho Cardero-El Confidencial

Se está configurando un escenario perverso para que las posibles condenas que salgan del Supremo acaben luego enmendadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Hay acontecimientos que se sabe que van a acabar mal mucho antes de que empiecen. Que están gafados desde su inicio. El juicio del ‘procés’ que está a punto de comenzar es uno de ellos. No puede acabar bien. Es imposible. No puede acabar bien para nadie.

La entrevista que el líder de la Crida y actual hombre fuerte del independentismo, Jordi Sànchez, concedió a El Confidencial desde la prisión de Lledoners (“no tengo la intención de responder a Vox, no quiero hacerles la campaña electoral”, “si el Supremo no me permite expresarme en catalán, merma mis derechos”, “reclamamos la presencia de observadores internacionales porque la instrucción no fue un procedimiento justo”) anticipa el escenario.

Si a eso sumamos el despliegue de cadenas como TV3 o La Sexta, cuya intención es retransmitir íntegramente el juicio, con análisis en directo y tertulias improvisadas a las puertas del alto tribunal, el resultado final no diferirá mucho de un circo. Pero no un circo como el de Cecil B. DeMille en ‘El mayor espectáculo del mundo’ sino más bien como el de ‘La parada de los monstruos’, hiperbólico y repleto de friquis.

Se quiere teatralizar el juicio para deslegitimarlo, hacer ver que es un problema político agrandado por la derecha y por unos jueces tardofranquistas

Esta teatralización que algunos de los actores pretenden hacer de la causa no busca sino deslegitimar la sentencia que salga de la misma, sea cual fuere esta. Su intención es hacer ver que este proceso no es serio, que se trata de un mero problema político agrandado por los partidos de la derecha y unos jueces tardofranquistas.

Todo ello para que las posibles condenas que salgan del Supremo acaben luego enmendadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los independentistas y el Gobierno de Pedro Sánchez están abonando el camino para que así sea. Da la impresión incluso de que el segundo trabaja más concienzudamente que los primeros para la consecución de este objetivo.

La campaña internacional de ‘lobby’ que están haciendo la Generalitat y las organizaciones secesionistas, con el ‘president’ Quim Torra dando conferencias en la Universidad de Stanford y la reapertura de ‘embajadas’ en plazas tan simbólicas como Washington o Be

rlín, acaso una maquinaria de propaganda perfectamente engrasada para difamar a la democracia española, atacar al Rey y aventar la idea de que hay ‘presos políticos’, toda esta campaña, digo, no es ni la mitad de efectiva que el plan de desinflamación puesto en marcha desde la Moncloa.

“Si tú estás acusando a estos señores de delitos tan graves como los de sedición y rebelión, pero luego los utilizas como interlocutores válidos para llegar al poder [moción de censura] o para mantenerse en el mismo [aprobación de Presupuestos], es decir, como interlocutores políticos válidos, lo que estás haciendo es legitimar sus argumentos. Estás diciendo: estos señores son unos políticos tan válidos como los demás que han sido encarcelados por sus ideas”, explica un abogado del Estado que prefiere permanecer en el anonimato.

“Así es como lo van a entender en el Tribunal de Estrasburgo, que está compuesto por un amplio abanico de jueces europeos, alemanes, holandeses, italianos, que carecen de la capacidad de comprensión de matices necesaria que requiere esta causa”.

La política gestual de Sánchez, por mucho que se enmarque dentro de la Constitución, no es inocente y tendrá consecuencias en Estrasburgo

Al contrario de lo que algunos intentan hacer creer, la política gestual del Ejecutivo de Madrid, por mucho que se enmarque dentro de la Constitución, no es inocente e implica concesiones al independentismo. No solo por las contraprestaciones económicas recogidas en los Presupuestos sino por la legitimación del relato. Primero se asume el lenguaje, luego se premia la deslealtad de la Generalitat con más inversiones y, por último, se les pone una alfombra roja para que puedan acudir a Estrasburgo con ciertas garantías.

Al fin y a la postre, esta política de blanqueamiento lo único que hace es desnaturalizar los graves acontecimientos acecidos en el otoño de 2017, restarles la gravedad que realmente tuvieron y transmitir la idea de que los desórdenes públicos de aquellos días no difieren de los de los taxistas cortando la Gran Vía en Barcelona.

Por mucho que miembros del Ejecutivo de Madrid vayan por ahí repartiendo ‘pastillas para la amnesia’ entre medios de comunicación y representantes de la magistratura, lo cierto es que el 20 de septiembre de 2017 una multitud liderada por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ‘los Jordis’, impidió por la fuerza salir de la Conselleria d’Economia a la comitiva judicial y a los agentes de la Guardia Civil enviados por el magistrado del 13. Aquel día se sustrajeron armas, se destrozaron coches oficiales y se instrumentalizaron los hechos para dar un barniz popular al referéndum ilegal del 1-O que condujo a la declaración de independencia.

El Gobierno de Sánchez sería la mano que mece la cuna del ‘procés’. Su política de desinflamación no busca sino descafeinar la causa contra los independentistas para seguir contando con su apoyo. No solo ahora con los Presupuestos sino tras las elecciones generales, consciente de que sus votos serán indispensables para mantenerse en la Moncloa, especialmente tras la implosión de Podemos, su principal socio parlamentario.

El nuevo contexto político amenaza con romper la unanimidad con que el TC ha ido resolviendo los temas relacionados con la cuestión catalana

Los gestos que desde el poder ejecutivo están haciendo crujir las cuadernas del poder judicial empiezan a conformar una lista cada vez más nutrida: primero fue el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, rebajando a la mitad las penas que en principio tenía pensado pedir para los dirigentes secesionistas; luego vino el movimiento impulsado por el propio presidente del Gobierno para sacar al incontrolable Marchena de la sala que tenía que juzgar el ‘procés’ y colocarlo al frente del CGPJ, y ahora parece llegarle el turno al Tribunal Constitucional.

Las palomas mensajeras de Moncloa han comenzado a sobrevolar Doménico Scarlatti. El nuevo ‘contexto’ político, en el que ha desaparecido cualquier vestigio del otrora bloque constitucionalista, y esa sensibilidad sobrevenida en algunos miembros de la magistratura, perceptible en el recurso presentado por Oriol Junqueras contra la prisión provisional, en el que esgrime la sentencia del TEDH que insta a Turquía a dejar en libertad al líder prokurdo Demirtas, amenazan con romper la unanimidad con que el TC ha ido resolviendo los temas relacionados con la cuestión catalana.

No hay escenario peor para el Estado que un Tribunal Constitucional dividido en dos y con un puñado de votos particulares respecto a la sentencia que salga del Supremo. Pero el ‘procés’ lo devora todo. Personalidades e instituciones están cayendo cual fichas de dominó.