España fue el país de la OCDE en el que más se incrementó la presión fiscal en el año 2020. En particular, esta pasó del 34,7% del PIB en 2019 al 36,6% en 2020: un crecimiento de 1,9 puntos de PIB frente a la apenas una décima de PIB en que aumentó dentro del conjunto de la OCDE. Así, si en 2019 España sufría una presión fiscal de apenas 1,3 puntos de PIB superior a la media de la OCDE, en 2020 ya es de 3,1 puntos. El diferencial se ensancha.

Este aumento de la presión fiscal es un dato negativo para quienes aspiramos a un Gobierno más pequeño y parasitario, pero extrañamente no es el resultado de haber incrementado un solo impuesto en el año 2020. Recaudamos relativamente más sin haber cambiado una coma de nuestro sistema impositivo. Entonces, ¿cómo es posible que suba la presión fiscal sin que hayan subido los impuestos? Pues, en esencia, porque el PIB cayó mucho más que los ingresos fiscales en 2020, de modo que la ratio entre la recaudación impositiva y el PIB (la presión fiscal) aumentó. Hubo países, por ejemplo, en los que la recaudación tributaria se contrajo, pero, como el PIB descendió más, la presión fiscal también aumentó.

Ahora bien, meramente constatando que el PIB cayó más que la recaudación, no estamos explicando demasiado. La cuestión es por qué lo hizo y por qué lo hizo especialmente en España. Pues por varios motivos que entenderemos mejor analizando qué impuestos específicos fueron los que contribuyeron a incrementar la presión fiscal. En concreto, solo hubo dos tributos que vieron aumentar su peso en el PIB en 2020: las cotizaciones sociales (1,45 puntos de PIB) y el IRPF (0,82 puntos de PIB); en cambio, vieron reducir su peso en el PIB el IVA (0,21 puntos de PIB), el impuesto sobre sociedades (0,1 puntos de PIB) y otros (-0,06 puntos de PIB). Por consiguiente, pasara lo que pasara en 2020, los efectos se concentraron esencialmente en los impuestos directos sobre los ingresos de las personas físicas.

¿Y qué es lo que pasó? Pues esencialmente dos cosas. En primer lugar, que los gobiernos apostaron por políticas de mantenimiento de ingresos (de manera paradigmática, en España, los ERTE) que también facilitaron —con cargo al endeudamiento público— el mantenimiento de los ingresos. Y, en segundo lugar, que la destrucción de empleo (y la caída de ingresos) se cebó en los trabajadores menos cualificados (aquellos que no podían prestar sus servicios ‘online’), de modo que la parte del PIB que cayó fue aquella que, en términos relativos, abonaba menores impuestos (el tipo medio efectivo de las rentas altas es más elevado que el tipo medio efectivo de las rentas bajas).

Sin embargo, estos fenómenos se dieron en prácticamente todos los países de la OCDE. Entonces, ¿por qué tuvieron una mayor incidencia dentro del nuestro? Pues, de nuevo, por dos razones. Primero, porque España fue el país de la OCDE en el que el PIB se contrajo en mayor medida, de modo que es lógico que los dos efectos anteriores también se materializaran de un modo amplificado en términos de presión fiscal. Segundo porque, aunque es cierto que nuestro país no subió impuestos, tampoco aprobó ninguna medida de alivio fiscal para los contribuyentes, a diferencia de la mayoría de economías de nuestro entorno (de modo que la recaudación no sufrió tanto como habría podido hacerlo).

En resumen, la clave del fuerte aumento de la presión fiscal experimentado en España a lo largo de 2020 fue nuestro fortísimo hundimiento económico, especialmente concentrado en las rentas más bajas, combinado con el mantenimiento de ingresos privados vía endeudamiento público y con la persistencia de una legislación fiscal esencialmente progresiva sobre los ingresos personales. Como ven, es posible incrementar la presión fiscal sin tocar los impuestos: inflas los ingresos privados con deuda (de modo que parte de ellos retornan en mayores ingresos) y cambias la composición de la producción agregada para que las actividades sometidas a un mayor tipo impositivo aumenten su peso dentro del PIB.