- El autor repasa diferentes estudios que desmienten la afirmación de Yolanda Díaz de que retrasar la edad de jubilación perjudica la empleabilidad de los jóvenes.
Me gustaría empezar este artículo proponiéndole al lector un ejercicio muy simple, solo son dos preguntas a las cuales me gustaría que respondiera de la forma más sincera posible: 1) ¿Considera que los inmigrantes dificultan la empleabilidad de los trabajadores nacionales?; 2) ¿Cree que retrasar la edad de jubilación reduce las posibilidades de los jóvenes a la hora de encontrar un empleo?
Si ha respondido a las dos cuestiones de manera distinta siento decirle que carece de coherencia argumentativa. La razón es que en ambos casos nos encontramos ante el mismo problema, a saber, un incremento de la oferta de trabajo disponible —por oferta se entiende número de trabajadores que ofrecen su producto (trabajo) en el mercado (laboral)—. Por lo tanto, el primer paso es responder de forma idéntica a ambas preguntas.
Los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral han entrado en escena de manera recurrente durante los últimos años, sobre todo a raíz de la aparición de partidos políticos populistas de carácter nacionalista. Sin embargo, me gustaría centrarme en la relación entre el empleo de los más mayores y el de los más jóvenes, puesto que ha generado cierto debate de manera reciente. A quien le interese profundizar más sobre la relación entre la inmigración y el mercado laboral puede echarle un vistazo a este muy buen artículo de Álvaro Martín.
Desde un punto de vista puramente teórico, la falacia de la cantidad fija de trabajo se basa en un modelo simple de equilibrio general de oferta y demanda, es decir, al expandirse la oferta o bien se reducen los precios (salarios) o bien se limita de manera artificial la cantidad ofrecida (por ejemplo, repartiendo una cantidad fija de horas de trabajo entre un mayor número de oferentes).
Los incentivos a la jubilación anticipada pueden generar efectos negativos sobre el crecimiento económico
Antes de ver qué dice la evidencia empírica disponible pongamos un ejemplo sobre por qué es un error usar el modelo de equilibrio general sin fricciones en el caso concreto que nos interesa. En 2019 hubo 34.107 millones de horas trabajadas y 19,78 millones de trabajadores, es decir, cada ocupado trabajó el año pasado 1.724 horas, esto es, en torno a 33,15 horas semanales. Si ese mismo número de horas se repartiese entre la población activa, cada ocupado dedicaría 28,5 horas a su trabajo, pero ¿desaparecería la tasa de paro?
Tal y como comenta Juan Francisco Jimeno, la respuesta es negativa, de hecho, podríamos encontrarnos ante un aumento de la misma ya que una parte de los costes laborales es fija independientemente de las horas trabajadas, además de que nada asegura que la productividad de los nuevos trabajadores sea la misma que la de los ya empleados, por lo que presumiblemente habría un aumento de los costes laborales en relación a la productividad del trabajo, lo que conduciría a aumentos de precios y, unido a unos menores salarios, la demanda caería y por tanto la producción y el empleo también lo harían.
Existen otros canales a través de los cuales los incentivos a la jubilación anticipada pueden generar efectos negativos sobre el crecimiento económico, por ejemplo, José Ignacio Conde Ruiz y Vicenzo Galasso indican que puede producir una reducción en la acumulación de capital humano, ya que acortar la vida laboral genera un menor rendimiento de la formación (algo que se compensa a través de esquemas de seguridad social más genersosos). Al mismo tiempo, las futuras generaciones de trabajadores deberán soportar cargas fiscales mayores para financiar tales políticas, lo que a su vez también reduce el crecimiento de la economía.
Desde hace varias décadas, en numerosos países se han aplicado políticas encaminadas a hacer frente a shocks en los mercados laborales a través de la reducción de las horas trabajadas con el objetivo de que estas se repartan entre más trabajadores y así reducir la tasa de desempleo.
En la Alemania Occidental de mediados de los años 80, sindicados y empleadores negociaron reducciones en la jornada laboral de manera progresiva en varios sectores como el de la metalurgia. Jennifer Hunt, usando microdatos relativos a trabajadores de varias industrias manufactureras, encuentra que una reducción en una hora en la jornada laboral semanal condujo a una caída en las horas trabajadas semanales de entre 0,88 y una hora adicional.
En relación a los salarios, estos se vieron favorecidos en los sectores con reducciones en la jornada laboral con subidas de entre el 2 y el 2,4% por hora trabajada con respecto a los sectores no afectados por dichas reducciones. Es decir, los trabajadores sujetos a convenio se beneficiaron de mayores salarios por hora y una menor jornada laboral a costa reducir la empleabilidad del resto de trabajadores.
Acercar la edad efectiva de jubilación a la legal es necesario para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones
En 1982, en Francia se estableció la reducción forzosa de las horas semanales trabajadas, desde 40 a 39, manteniendo los salarios de manera obligatoria para los empleados que estaban percibiendo el salario mínimo (el cual se incrementara en un 5% el año anterior). Los resultados obtenidos por Crépon y Kramarz indican que para aquellos empleados que trabajaban 40 horas o más en 1981 la probabilidad de transitar desde el empleo al desempleo fue de entre 2,3 y 3,9 puntos porcentuales mayor, llegando a 8,4 para el caso de los trabajadores de bajos salarios. La destrucción de empleo neto ascendió al 2%.
En lo relativo a la cuestión específica de los esquemas de jubilación anticipada, el caso de Reino Unido ha sido estudiado por James Banks y otros, en donde se aplicó dicha política a finales de los 70 y hasta 1988, concluyendo que tal medida ayudó a reducir el empleo entre los trabajadores de más edad pero no logró el efecto contrario entre los más jóvenes. De hecho, los autores afirman que “cuando observamos el período entero de 1968-2005, la participación en el mercado laboral de los más mayores está positivamente asociada con el empleo de los jóvenes”.
En Japón recorrieron el camino inverso, obligando desde 2006 a las empresas a mantener a los trabajadores de más de 60 años hasta los 65 para optar a la parte fija de su pensión. La evidencia encuentra que existe un efecto positivo de la proporción de trabajadores a tiempo completo que en 2003 tenían entre 55 y 59 años y el número de empleados a tiempo completo menores de 25 años, aunque si bien se produjo un ajuste por la vía salarial entre los trabajadores de más de 60 años.
En un repaso de diversos trabajos empíricos que abarcan numerosos países de la OCDE, incluyendo a España, Böheim y Nice encuentran que los trabajadores jóvenes y mayores son complementarios, por lo que mayores niveles de empleo de unos coincide con mayores niveles de empleo de otros.
En definitiva, precisamente siendo Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz debería ser cuidadosa a la hora de afirmar que retrasar la edad de jubilación “no es el camino correcto” porque puede afectar a la empleabilidad de los jóvenes, cuando la evidencia empírica indica justamente lo contrario. De hecho, y aunque es tema para otro artículo, acercar la edad efectiva de jubilación a la legal es uno de los mecanismos necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, tal y como defiende el ministro de Seguridad Social. Corregir la elevada tasa de desempleo juvenil requiere, por otro lado, grandes reformas tanto en el mercado laboral como en el campo educativo, no demagogia ni populismo económico.
*** Santiago Calvo López es doctorando en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el Instituto Ju