En apenas veinticuatro horas, EH Bildu se ha cobrado su segunda pieza política de manos del Gobierno.
Si este miércoles se conocía que la agenda oculta de presos por votos acordada con el PSOE ha servido para conceder el tercer grado a dos etarras sin arrepentir con delitos de sangre, los abertzales han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo con los socialistas para reformar la llamada Ley Mordaza.
Como han alertado los sindicatos policiales a EL ESPAÑOL, el nuevo articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana reduce la capacidad de actuación de los cuerpos de seguridad, dificulta su labor y menoscaba su autoridad ante los delincuentes.
Tal será el previsible efecto de los cambios que introduce la reforma: la rebaja de las multas por desobediencia (que pasan de infracción grave a leve) y por faltas de respeto a la autoridad, el fin de las devoluciones en caliente en la frontera y la eliminación del uso de pelotas de goma para sofocar los disturbios.
La derogación de la llamada Ley Mordaza, cuyo espíritu supuestamente sería el de la limitación de la libertad de expresión y manifestación, ha sido durante los últimos años una de las fijaciones de extrema izquierda y el nacionalismo. Y si bien es cierto que el PSOE se había comprometido con sus socios a llevarla a cabo, la reforma ha estado encallada porque las formaciones radicales consideraban insuficientes las modificaciones que el Gobierno estaba dispuesto a conceder (una posición en la que sigue instalada Podemos).
Es decir, las cuatro reformas que ahora se recogen son precisamente las cuatro que el PSOE ha estado vetando hasta hoy.
La claudicación es especialmente clamorosa en lo referente al punto sobre las pelotas de goma. Porque el Ministerio del Interior defendía hace sólo tres meses que eliminarlas «pondría en riesgo a policías y manifestantes».
Es momento elegido para anunciar el acuerdo hace sospechar que el último cambio de opinión del Gobierno Sánchez está motivado por su necesidad de amarrar su frágil mayoría de investidura, en un contexto de parálisis legislativa y de impotencia para sacar adelante los Presupuestos.
El precedente de otro súbito cambio de criterio es de hace sólo una semana, cuando el PSOE pasó del rechazo al apoyo a la proposición de ley del PNV para aumentar el control político sobre el CNI. Y ello después de haber transgredido otra presunta línea roja: la costumbre parlamentaria que vedaba a los partidos secesionistas el acceso a la comisión de secretos oficiales.
Para un Gobierno a merced de los nacionalistas, no puede haber principios innegociables. Ni siquiera aquellos cuya violación conlleva desproteger a las Fuerzas de Seguridad y a los servicios de inteligencia.