Después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana haya rectificado este lunes su propia versión de los hechos sobre lo ocurrido el día de la dana, la Generalitat considera que es necesaria la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Y lo cierto es que la CHJ queda ya definitivamente señalada con la confesión de Pilar Bernabé ante la jueza de la dana. La delegada del Gobierno ha confirmado lo que reveló este periódico: el apagón informativo, en las horas claves de la tragedia, del organismo gubernamental obligado a informar de las crecidas de los caudales. Y que nadie en el Cecopi, incluida la CHJ, habló del riesgo en el barranco de Poyo que provocó la gran parte de las muertes.
Bernabé ha reconocido por primera vez que «durante todo el tiempo que estuvimos conectados, se habló de Forata».
Es decir, que a lo largo de casi toda la jornada la preocupación era el desbordamiento del río Magro, y después el riesgo de colapso de la presa de Forata. Y que sólo tuvo noticia del desbordamiento en el barranco del Poyo por la llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19:05h, cuando ya se habían producido fallecimientos, tras lo cual solicitó el envío de la alerta a la población.
Además, ha admitido que no fue completamente consciente de la magnitud de la catástrofe hasta muy entrada la madrugada del 30 de octubre.
Este nuevo testimonio contribuye al desmoronamiento de las tesis del Gobierno sobre la responsabilidad en exclusiva de Carlos Mazón en la negligencia del dispositivo de emergencias el 29 de octubre.
Aún así, parece claro que el Gobierno está decidido a seguir endosando al presidente de la Generalitat la culpa de una tardanza en la reacción que difícilmente pudo haberse producido de otra forma en virtud de la información disponible en aquel momento.
Esta estrategia, naturalmente, resulta incompatible con una cooperación del Ejecutivo con la Generalitat en la organización de la reconstrucción de Valencia, que desbarataría la narrativa orientada a dejar quemarse a Mazón.
Por eso, la ministra Diana Morant ha sorteado la petición que ha realizado el líder del Govern este lunes, a través de una carta a Pedro Sánchez, de constituir una comisión mixta entre administraciones. Para Morant, la solicitud de una reunión de «urgente necesidad» con Sánchez se trata de una «nueva ocurrencia».
Pero fue el vicepresidente para la reconstrucción, sin adscripción al PP valenciano, el que primero reclamó la comisión mixta. José Gan Pampols aclaró en el Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL hace dos semanas que esta fórmula permitiría «evitar duplicidades», al dejar un solo interlocutor para los vecinos damnificados.
En cambio, el Ejecutivo se resiste a apearse de su tacticismo partidista, desatendiendo las demandas del Govern, como la de mantener los contratos de emergencias para no ralentizar el ritmo de la recuperación. Pero el retorno de Valencia a la normalidad requiere suspender todo cálculo electoralista y coordinar las labores de reparación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat.
Esto es de hecho lo que se hizo tras el desastre del volcán de la Palma en 2021, cuando el Gobierno de España creó una Comisión Mixta para coordinar la recuperación de la isla con el Gobierno de Canarias y con el cabildo y los ayuntamientos.
No se entiende que no se repita ahora el mismo procedimiento para la dana de Valencia. Pero, sobre todo, resulta incomprensible que, en los seis meses que han trascurrido desde la catástrofe, todavía no se haya producido una reunión bilateral entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat.
Morant argumenta que «ya existen reuniones periódicas entre los ministerios y las consellerias». Pero aun concediendo que esto fuera suficiente, no aclara por qué el Gobierno ni siquiera acudió a la presentación por la Generalitat del informe de diagnóstico de los daños causados por la riada.
No cabe olvidar que la situación en la Huerta Sur continúa siendo dramática, y que la reconstrucción plantea una urgencia de la que la Generalitat no puede hacerse cargo en solitario. En este contexto, es inaceptable que no exista interlocución alguna entre el Gobierno central y el autonómico.