EL MUNDO 09/06/14
ANÁLISIS, CARLOS SEGOVIA – CORRESPONSAL ECONÓMICO
Euskadi y Navarra encabezan la clasificación de España en renta per cápita o en calificación de solvencia. Incluso la Diputación de Guipúzcoa, que gobierna Bildu, ha llegado a obtener mejor nota de Moody’s que la España de Rajoy. «Consideramos que sus perfiles de crédito están respaldados, entre otros factores, por su marco institucional propio y su alta autonomía fiscal», razonan habitualmente en Standard&Poor’s para mantener hasta dos escalones por encima del Estado a Euskadi y a Navarra.
Es decir, el sistema de concierto permite a ambas comunidades recaudar ellas mismas sus impuestos y aportar al Estado el resultado del llamado Cupo, que mide lo que deben pagar por competencias no transferidas como la política exterior o la defensa. Cuando asumieron este sistema en la negociación de la Constitución tenía su riesgo, porque debían desarrollar una hacienda propia.
De hecho, el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, rechazó aceptar el mismo sistema en Cataluña, por si se perdía recaudación. Pero se ha demostrado muy rentable gestionar los impuestos y haber conseguido pagar por el Cupo un porcentaje más que moderador durante 35 años. La capacidad financiera de ambas comunidades se ha disparado para envidia del resto.
«Los porcentajes que en su día se calcularon de cuánto deberían aportar el País Vasco y Navarra se han quedado desfasados, porque estos territorios hoy son más ricos y deberían aportar más», afirmó hace unas semanas un navarro: el ex ministro de Hacienda socialista Carlos Solchaga. Éste propone mantener el concierto al estar consagrado en la Constitución, pero reclama recalcular el Cupo.
El anacronismo no sólo provoca tensiones financieras sino políticas, porque desató el Estatut. El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall calificó de «inadmisible» el sistema foral el 20 de enero de 2005 en el libro A vueltas con Españade José Luis Gómez. «Los catalanes estamos financiando no sólo a los extremeños y andaluces, sino también a los vascos (…) Euskadi no sólo no paga, sino que recibe», se quejó antes de lanzar el Estatut a la caza de los privilegios forales.
CiU se adhirió entusiasta y en plena negociación con el Gobierno central, el 14 de diciembre de 2005, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), dejó claro que Zapatero estaba dispuesto a ampliar la financiación de Cataluña, pero nunca con un sistema de concierto como el vigente en el País Vasco. «¿Y por qué a los vascos sí?», preguntó Quico Homs, diputado de CiU. «Porque allí hay el problema de las pistolas», sentenció Mafo en alusión a ETA. «¿Entonces, me estás diciendo que la única salida que tenemos los catalanes son las armas?», desafió Homs. «Se produjo entonces un silencio incómodo», según Josep Sánchez-Llibre, quien describe la escena en Les veritats de l’Estatut.
El consejero de Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, alerta de que si se extendiera el régimen foral a Cataluña, «quebraría el sistema». No es la solución extenderlo, sino recalcularlo como dice Solchaga para evitar discriminaciones. La Constitución también fija en su artículo 138.2 que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».