LIBERTAD DIGITAL 12/12/16
· El Gobierno acepta algunos de los “45+1” puntos que el separatismo ha puesto sobre la mesa, como el fin de las denuncias a los ediles desobedientes.
¿De qué va a negociar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con sus interlocutores del «Govern» de la Generalidad? El ejecutivo regional y el grupo que le da sustento parlamentario, la plataforma de convergentes y ERC «Junts pel Sí», coincide en que sus líneas rojas son los archimentados 46 puntos que Carles Puigdemont, el sucesor de Artur Mas, presentó a Mariano Rajoy el pasado abril.
En la jerga «soberanista» se les conoce como los «45+1«, en el que la unidad es un referéndum vinculante y el primer apartado de un documento que mezcla supuestos agravios e incumplimientos del Gobierno con el establecimiento de un marco político que aún sin consulta convertiría a Cataluña en un Estado de facto. A ello habría que añadir una derrama de miles de millones de euros que según la Generalidad le debe al Estado y que son los que supuestamente impiden a la administración autonómica ejercer sus responsabilidades sociales o invertir en infraestructuras y explican los dolorosos recortes sanitarios y los retrasos en el pago a proveedores.
La negociación que plantea el Gobierno ha sido recibida con frialdad y escepticismo por parte de Puigdemont y Oriol Junqueras. Al menos de cara a la galería. Junqueras amenaza con activar el referéndum antes de tiempo (en teoría la fecha límite es septiembre de 2017) si la presidenta del «Parlament», Carme Forcadell, resulta inhabilitada. Una consulta improvisada sería la acción de masas con la que el separatismo respondería a la Justicia y la «judicialización» de la política de la que acusa al Gobierno del PP.
Sin embargo, el clima y el «relato» del proceso han cambiado. El «diálogo» esgrimido por la vicepresidenta ha descolocado a los partidos nacionalistas y a una Generalidad en una situación económica de quiebra técnica. Y no todo es política, advierten los altos cargos regionales, en los «mandamientos» de Puigdemont.
Es cierto que el primero de los artículos afirma: «Las elecciones del pasado 27 de septiembre establecieron una mayoría en el Parlament de Catalunya favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya. La voluntad democrática de los ciudadanos de Catalunya, expresada a través de su voto, confiere legitimidad a la acción política y parlamentaria de sus representantes. Es obligación, por lo tanto, de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante«.
Pero también que en esa especie de carta a los Reyes Magos se alude a que el Estado debe financiar la televisión autonómica a través de una importante deducción del IVA (punto 42) o que se recupere el múltiplex que perdió tras la reordenación del espacio radioeléctrico que efectuó el Gobierno español en 2014 (punto 43).
Que el Estado pague TV3
Cataluña, según los cálculos de Mas, Junqueras y Puigdemont, está a menos de diez meses de convertirse en un Estado, la cámara regional tramita las leyes de «desconexión» y «transitoriedad jurídica», pero la Generalidad pretende que el Estado pague TV3 porque la pérdida del citado multiplex ha implicado que «como consecuencia la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se ve obligada a asumir los costes para poder mantener los contenidos, el número de canales y su calidad técnica así como para poder garantizar la cobertura suficiente para que lleguen a todos los ciudadanos», se afirma en el texto nacionalista.
El papel de Puigdemont también hace mención a ingentes inversiones para la red de cercanías, el corredor mediterráneo o el control de caudales relativos al plan hidrológico de la cuenca del Ebro, lo que combina con la exigencia de una justicia al margen de la española en el punto 25: «La Ley orgánica del poder judicial impide el despliegue del Estatut d’autonomia de Catalunya en materia de justicia empezando por la creación del Consejo de Justicia de Catalunya«.
También exige «respeto al modelo de escuela catalana», en el punto 18, porque «existe un claro consenso en la necesidad de mantener el modelo lingüístico previsto en el Estatut d’autonomia de Catalunya y en la Ley de educación de Catalunya».
Parecen condiciones a priori imposibles de aceptar por el Gobierno, pero en fuentes nacionalistas se confía en una reforma constitucional que reconozca Cataluña como nación y plenos poderes en materia educativa. El Ejecutivo también se habría comprometido con la Generalidad catalana a cumplir otro de los puntos, el último y no menos importante 46 en el que se exige «respeto a la autonomía local y sus cargos electos» y el cese de las «investigaciones judiciales» contra los ayuntamientos que incumplen la legalidad constitucional.
Giro radical
De momento, el aspecto más notorio del cambio de estrategia del Gobierno ante el proceso separatista consiste en las dispares respuestas del 12 de octubre y el Día de la Constitución. En la pasada Fiesta Nacional, la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Llanos de Luna, instó actuaciones judiciales contra el Ayuntamiento de Badalona, cuyo equipo de gobierno consideraba día laborable el 12-O. Un concejal rompió ante las cámaras la requisitoria judicial que obligaba a mantener el Consistorio cerrado al público.
El pasado 6 de diciembre, ya con Enric Millo al frente de la Delegación en la que Sáenz de Santamaría presume de despacho, ediles republicanos, de la CUP y de Convergencia abrieron las puertas de unos trescientos consistorios. La Delegación del Gobierno se abstuvo de actuar y el ministro de Justicia declaró que no apreciaba «elementos ilegalidad» en que cargos públicos fueran a trabajar en festivo. El Ejecutivo sólo tenía previsto actuar en el caso de que se obligara a trabajar a los funcionarios.
De este cambio también se infiere que el Gobierno es partidario de reducir lo que la Generalidad denomina «conflictividad institucional». La situación actual, según la administración catalana es la siguiente: «57 recursos y conflictos interpuestos por la Generalidad ante el Tribunal Constitucional; 29 recursos y conflictos interpuestos por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional; y 16 asuntos abiertos y en negociación».
Los procesados
El gran escollo, referéndum al margen, es la situación procesal del ex presidente de la Generalidad, Artur Mas, las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, el diputado del PDEcat (la nueva denominación convergente) en Madrid Francesc Homs y la presidenta del «Parlament», Carme Forcadell. Junqueras y Puigdemont han subrayado por activa y por pasiva que las inhabilitaciones de Mas y Forcadell restan toda credibilidad a lo que tildan como «operación diálogo», pura cosmética.
Sin embargo, Junqueras no dudó en participar con una amplia delegación en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid a pesar de la exigencia de bilateralidad con el Estado. El vicepresidente de la Generalidad y la del Gobierno tienen pendiente un encuentro en Barcelona que con toda probabilidad se celebrará antes de final de año y la «cumbre» de Puigdemont para preparar el referéndum del 23 de diciembre se ha interpretado en el Gobierno como una concesión obligada del «president» a la CUP que expresa la complejidad de la nueva fase entre el Gobierno y la Generalidad pero no el tono de los primeros contactos.