- La corrupción en torno al servicio ferroviario en el que se han matado 116 personas le invalida como candidato sin esperar ya más tiempo
Pedro Sánchez debería haber dimitido nada más constatar que el precio a pagar por su investidura era inasumible para España e incompatible con las más elementales obligaciones de alguien que quiere gobernarla: no se puede aceptar que, para lograr en los despachos lo que se pierde en el campo, haya que dejarse ganar luego por partidos cuyo único objetivo es destruir la nación de la que forman parte y arrienden sus votos a cambio de que el beneficiario del cambalache se convierta en cómplice de la fechoría.
Ese es el episodio germinal de la corrupción sanchista en esta legislatura infame, aunque los orígenes de Sánchez ya están manchados por el mismo pecado original, con primarias adulteradas, traiciones internas, juego sucio contra sus propios compañeros, extrañas inyecciones económicas y una moción de censura nefanda que plantó la semilla que hoy ha destruido el edificio institucional, ético y cívico levantado en la Transición con el espíritu de la reconciliación y el progreso.
Todos esos antecedentes estallan ahora de la manera más coherente la secuencia de fechorías perpetradas pero, también, más cruel para la sociedad española: si Sánchez está intervenido como presidente por la coalición de insurgentes que en el pasado defendieron incluso el asesinato o el golpe de Estado para aumentar sus delirios separatistas; lo está igualmente como secretario general del PSOE por quienes le llevaron ahí con malas artes desde el metafórico Peugeot y, a cambio, se quedaron con el control operativo del partido, del gobierno y de la propia Moncloa.
Porque Cerdán, Ábalos y las Leires y Koldos que a los dos les cuelgan han copado todos los puestos orgánicos e institucionales desde los que manejar presupuestos y controlar a todo el ecosistema inherente al poder, junto a los inevitables óscares y hernandos, en un todo de viejos amigos y redimidos útiles que se han cobrado a muy buen precio el auxilio a un mindundi con ambiciones infinitas.
Comprobar ahora, si hacía falta, que las sospechas sobre el intercambio de obra pública y licencias comerciales por mordidas están ubicadas en el primer minuto de aquel gobierno ilegítimo desde 2018 y que el negocio se hizo a costa del servicio ferroviario convertido hoy en una tumba es insoportable.
La Justicia española, con la UCO a sus órdenes, parece estar a punto de resolver la infame simbiosis entre dedazos, comisiones y accidentes, con la propia Fiscalía Europea implicada en las pesquisas para enterrar, si acaso hacía falta, la estúpida teoría del lawfare que según los bandoleros explica la insistencia de los jueces en someterles a ellos, felizmente, al Estado de derecho.
Y la conclusión preliminar ya es suficiente para exigir la salida de Sánchez, siquiera como candidato, para instalarle en el ámbito que se merece: el de principal sospechoso de haber permitido e impulsado, por acción u omisión, que el gobierno con más dinero de la historia por la insoportable voracidad fiscal y el dopaje de los fondos europeos haya alumbrado la peor corrupción conocida hasta ahora: una que, además de robar, mata. Si Sánchez no acaba también en el banquillo por todo esto, no lo hará ya por nada.