¿Es cierta la explicación? El criterio más riguroso para valorarla, más allá de ejemplos o casos concretos particulares, es el de examinar qué parte del presupuesto sanitario público se destina realmente a comprar servicios, de cualquier clase que sean, a proveedores privados que suelen actuar por ánimo de lucro. Ese indicador existe, es comparable y mide decisiones reales de política sanitaria. Muestra que, lejos de crecer, el peso del gasto sanitario público destinado a conciertos con la sanidad privada ha descendido desde más del 11% a comienzos de los años 2000 hasta el 8%-9% en los últimos años, con oscilaciones puntuales, pero sin una tendencia privatizadora.

Es cierto que el gasto en servicios privados financiados por el SNS ha aumentado en euros, pero también ha crecido con fuerza el gasto sanitario total, por lo que el dato relevante es el porcentaje, no el volumen bruto. Confundir ambas cosas conduce a diagnósticos erróneos. Además, el debate se empobrece cuando se centra de forma obsesiva en una sola comunidad, como es el caso con Madrid. Si se compara el porcentaje del gasto sanitario público destinado a conciertos por comunidades autónomas, Madrid se sitúa de manera estable en torno al 11%-12%, nivel que está por encima de la media nacional, pero por debajo de otros casos: Cataluña destina más del 20% de su presupuesto sanitario público a proveedores privados. Mientras que muchas comunidades –Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana o Extremadura– se mueven entre el 3% y el 5%. El País Vasco se mantiene estable desde hace años en torno al 6%. Las únicas autonomías en las que ha habido un cambio de tendencia son Valencia y Andalucía, pero en las dos el cambio ha sido hacia la reducción del papel de la sanidad privada, con un nivel actual en torno al 4%. Todos los datos demuestran, entonces, que ni en España ni en ninguna comunidad autónoma se sigue la senda privatizadora, en todo caso al revés.

La comparación europea refuerza esta lectura del caso español como uno de ‘baja privatización’. En países considerados referentes de sanidad pública, como Francia o Alemania, entre un tercio y la mitad del gasto sanitario público se ejecuta a través de proveedores privados, integrados en sistemas universales, regulados y de financiación pública. España, con un porcentaje en torno al 8%-9%, se sitúa claramente en la parte baja del espectro europeo, en niveles similares a los de Suecia.

La cuestión intrigante, entonces, es la de cuál puede ser la causa por la que los movimientos sociales y la opinión pública insisten en achacar el deterioro que perciben a un motivo que es patentemente falso. Aquí conectamos, probablemente, con el interés político sesgado de la izquierda: puesto que la mayor parte de las comunidades prestadoras de la sanidad están gobernadas por la derecha, ‘suena bien’ eso de achacarles un interés privado espurio. El atractivo de la explicación conspirativa.

Pero hay algo más de fondo, un algo que simboliza esa pancarta omnipresente que dice: ‘La salud no es un negocio’. En España, para la opinión pública políticamente correcta los términos ‘privado/ público’ encarnan una antinomia moral y no puramente funcional. Una distorsión cognitiva típica. En Francia o Alemania el público se queja de deterioros del SNS, pero a nadie se le ocurre lo de la privatización, así en general, como argumento. En cambio, la sociedad actual española sigue marcada profundamente por su desconfianza hacia el mercado, al que ve como una realidad antisocial y un promotor de la desigualdad, mientras espera que sea el Estado quien se ocupe de la provisión de bienestar.

Según los expertos, el deterioro del servicio del SNS se debe a variadas causas, tales como una mayor demanda, más cronicidad de los pacientes, una demografía desfavorable y, curiosamente, a la gestión rígida de los hospitales y centros, congelada en un marco burocrático y juridizante desincentivador de la mejora y que no atrae el mejor talento. Los típicos problemas de lo público, vamos.