Existe una razón poderosa que explica por qué la investidura de la traición está prácticamente hecha: ni Pedro Sánchez ni sus socios pueden aspirar a mejorar sus resultados en caso de repetición electoral. Lo dicen las encuestas y lo saben en sus respectivos cuarteles generales, donde no existe otro norte que aprovechar esta oportunidad única para avanzar decisivamente en la demolición de nuestra nación y el régimen democrático que se dio en 1978.

Sánchez estaría dispuesto a cualquier vileza con tal de conservar la poltrona, pero, incluso después de trufar el Tribunal Constitucional con magistrados a su medida, le resultaría muy difícil, por no decir imposible, saltarse las últimas defensas levantadas por la Carta Magna contra la pretensión de romper España. Por ejemplo, la prohibición expresa de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los separatistas, a su vez, no se cansan de repetir que ésa es su aspiración irrenunciable, aunque ni en sus mejores sueños imaginaron tener arrodillado ante ellos a un jefe de Gobierno tan dispuesto a complacer sus exigencias, ni en sus pronósticos más optimistas se les presenta una situación comparable con otro inquilino en la Moncloa. De tal modo que, una vez representado el paripé de rigor, se producirá la votación en el Congreso, el socialista fingirá haber salido victorioso del trance sin más contrapartida que la «desjudicialización» del «conflicto», y los independentistas venderán a sus menguadas bases un triunfo sin parangón: nada menos que la legitimación retrospectiva del 1 de octubre de 2017, entendida como paso previo a una nueva intentona golpista, en el bien entendido de que un ejecutivo débil y cobarde les brindará impunidad para volver a tentar la suerte. Aun sin lograr su programa de máximos, es innegable que Puigdemont y Junqueras podrán presumir de haber mentido mucho menos y conseguido mucho más.

Mientras este presidente felón no nos robe también la libertad de alzar la voz, cosa en absoluto descartable dada la deriva antidemocrática que ha emprendido, nos queda al menos el consuelo de denunciar sus fechorías y rechazar sus eufemismos. Lo que se dispone a hacer el socialista al aprobar una ley de amnistía es faltar a su juramento de hacer cumplir la Constitución y traicionar a todos los que plantaron cara a la asonada. Desde los directores de colegio que se negaron a esconder urnas hasta los policías que cumplieron con su deber. Desde el juez Llarena hasta el Rey. A todos ellos va a dejarlos a los pies de los caballos con tal de aferrarse al poder. Porque aquello no fue un «conflicto», como tampoco lo fue nunca la trayectoria asesina de ETA enaltecida por Zapatero al otorgarle esa denominación, sino un ataque criminal contra el Estado de derecho. Por eso no se resuelve con diálogo, perdón, ni mucho menos olvido, sino con firmeza democrática. La que vamos a necesitar los españoles para aguantar el envite y hacérselo pagar caro.