Nicolás Sartorius-EL PAIS

Hay quien se opone a culminar el Estado autonómico en un modelo federal y no se da cuenta de que estamos cayendo en una especie de “bilateralismo confederal” que genera desigualdades y desbarajustes

Siempre que la democracia se ha abierto camino en España ha tendido a fórmulas federalizantes de organización del Estado, mientras que con las dictaduras se ha impuesto el centralismo más estrecho. Aparte de la malograda I República federal, desquiciada por propios y extraños, la Constitución de la II República, a pesar de su definición como “Estado integral” —no iba a decir Estado “desintegrado”—, estableció la autonomía de municipios y regiones. Autonomía que se plasmó en los estatutos de Cataluña, el País Vasco y los non natos de Galicia y Andalucía debido al inicio de la Guerra Civil. Es probable que hubieran surgido otros —hubo un proyecto para Extremadura— si la República hubiera sobrevivido. En el fondo, el federalismo es la forma más natural de nuestro Estado, pues somos un país plural en su unidad con lenguas, culturas, derechos e instituciones diversas dentro de una historia común. Tan común que cuando en España hay democracia o dictadura, monarquía o república, la hay en todos los territorios, por mucho que se empeñen algunos en fantasías secesionistas. Incluso cuando se ha pretendido una vida aparte aprovechando el final de las guerras europeas, tanto en la I como en la II, el envite no encontró el más mínimo eco en las potencias decisoras.

En la Constitución de 1978, con la forma estatal de Monarquía parlamentaria, acordamos lo que se ha llamado el Estado de las autonomías, con nacionalidades —“condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación” (según definición de la RAE)— y regiones, extendiéndose los estatutos a todas ellas. Supuso un avance histórico de descentralización del poder político, que la doctrina ha llegado a calificar de “cuasi federal”. Pero en la política, como en la vida, no se puede ser siempre “cuasi algo” sin pagar un precio. Se les ha dicho a los ciudadanos que no hay diferencia entre la autonomía y la federación y esto no es verdad. ¿Cómo podría ser verdad con el Senado que tenemos, muy lejos de la Cámara territorial que ordena el artículo 69.1 de la Constitución? ¿Cómo va a ser cierto con el barullo competencial que arrastramos y el descontento general sobre el sistema de financiación?

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en lo fundamental, pero conviene ponerla al día

No tenemos, para determinados temas territoriales importantes, instituciones que permitan la deliberación, la coordinación y la decisión común, lo que produce un efecto perverso agravado con el paso del tiempo. Perversidad que consiste en que cada comunidad autónoma, ante esa carencia de composición de la voluntad colectiva entre el Gobierno de la nación y las diferentes comunidades políticas, estas tienden, inexorablemente, a establecer una relación “bilateral” con aquel, con el fin de sacar adelante sus pretensiones, es decir, el “qué hay de lo mío” —ya sea un AVE, una mejor financiación, una “deuda histórica”, el traspaso de competencias, etcétera—. Demandas cuya posibilidad de éxito depende, muchas veces, de la necesidad que tenga el Gobierno de turno de los votos de los diputados de dicha comunidad autónoma. De esta suerte, aparte de los partidos nacionalistas tradicionales, han surgido formaciones políticas, más o menos nacionalistas o regionalistas, que en determinadas ocasiones son imprescindibles para la necesaria gobernación del país y, como es lógico, solicitan un particular peaje por sus votos. Es decir, hay quien se opone a culminar el Estado autonómico en un modelo federal y no se da cuenta de que estamos cayendo en una especie de “bilateralismo confederal”, que genera desigualdades y no pocos desbarajustes.

Han transcurrido 40 años desde que se aprobó la Constitución de 1978 y demasiadas cosas han cambiado: pertenecemos a la UE y ni tan siquiera se menciona en la Constitución; hemos construido el Estado de bienestar, cuyas principales competencias corresponden a las comunidades autónomas; la revolución femenina es un hecho transformador; la globalización se ha acelerado y no tener en cuenta sus efectos es no saber en qué mundo se vive; la revolución digital lo cambia todo en todos los aspectos, incluido el de los derechos; han surgido de la crisis económica y la desigualdad amenazas en forma de nacionalismos, populismos y antieuropeísmos, que se extienden como la lepra por toda Europa. ¿Podemos quedarnos estáticos? La Constitución de 1978 es lo mejor que hemos hecho en nuestra historia y sigue siendo válida en lo fundamental, pero conviene ponerla al día si no queremos colocarla en estado de riesgo.

Lo más arduo es crear un estado de opinión favorable a los cambios que facilite el necesario consenso

La fortaleza del Estado depende, en esencia, de la cohesión social y de la territorial que son, en mi opinión, inseparables. Ambas son las que hacen fuerte a las instituciones al lograr una sólida adhesión de la ciudadanía a las mismas. Reconozcamos que, hoy por hoy, no pasan por su mejor momento. Abordar una reforma parcial de nuestra Constitución —y no un proceso constituyente inconveniente e inviable— en esos dos asuntos tan determinantes sería lo más necesario y prudente. Culminar nuestras autonomías en un federalismo basado en los principios de cooperación, lealtad institucional, solidaridad, unidad y pluralismo fortalecería nuestra democracia. Un federalismo social que debería reconocer a ciertos bienes sociales como la sanidad, las pensiones, o la vivienda en determinadas circunstancias, las mismas garantías de las que gozan hoy los derechos fundamentales. Un federalismo insertado en una UE abocada a federarse si quiere afrontar con éxito las actuales amenazas disolventes. Un peligro, por cierto, que, o abordamos con una mayor unión política, o se pondrán en cuestión, como ya está sucediendo, los avances logrados en la integración económica.

Resulta argumento estulto afirmar que para esta operación política se necesita un consenso que hoy no existe y que, además, los partidos secesionistas no se conformarían con una reforma de este tenor. Se olvida que el consenso no es punto de partida sino producto de la relación de fuerzas y de la necesidad, cuando las demás opciones son peores. ¿O alguien cree que la Constitución de 1978 fue producto de un consenso previo? Además, la reforma que se propone no obedece a un fenómeno secesionista sino a una necesidad nacional. Sin embargo, es más que probable que una parte de los que hoy pregonan la independencia apoyarían un proyecto en común más social y más federal. También se argumenta que, con el ambiente actual de enfrentamiento entre los partidos e incluso con fuerzas que de un lado y de otro —nacionalismos de diverso pelaje— plantean la ruptura constitucional, no parece lo más realista pretender avanzar en un sentido federal. La tentación sería ampararse en el popular “virgencita, que me quede como estoy”. Craso error, pues precisamente por esas tensiones y amenazas es más necesario que nunca abordar las reformas que corrijan las disfunciones actuales y así fortalecer nuestro Estado. Ello contribuiría también a renovar el pacto constitucional con la participación de las jóvenes generaciones que no tuvieron ocasión de votar la Constitución de 1978.

Quizá lo más arduo de la tarea sea crear un estado de opinión favorable a los cambios que acabe transformándose en un movimiento ciudadano facilitador del necesario consenso. Porque hay que ser siempre consciente de que una reforma de la Constitución debe de ser obra de amplios acuerdos entre diferentes fuerzas políticas y con la ciudadanía. Creo que vale la pena intentarlo.

Nicolás Sartorius preside la Asociación por una España Federal.