Hubo un tiempo en España en el que los gobernantes tenían un sentido de la responsabilidad y la ejercían pagando con su dimisión los errores en la gestión, las apuestas equivocadas y las estrategias fallidas, por no hablar, naturalmente, de los malos resultados electorales, que son la cuenta de resultados de la actividad política. Recuerde el alma dormida aquel ejemplo de responsabilidad que dio Joaquín Almunia, el secretario general del PSOE que heredó a González. No tuvo el día inspirado aquel 8 de febrero del año 2000 en que firmó un pacto de Gobierno con el secretario general del PCE, Paco Frutos. El resultado se hizo evidente en las elecciones del 12 de marzo: Aznar, que había obtenido 156 diputados cuatro años antes sacó 183 escaños, Almunia, que partía con 141, se quedó el 125 y Frutos pasó de los 21 diputados que habían sido la tónica de Izquierda Unida, a 8. Aquella misma noche, Joaquín Almunia presentó su dimisión en un gesto inequívoco de asunción de la responsabilidad por el fracaso.
En aquella época hubo socialistas decentes. Uno de ellos, José Luis Corcuera Cuesta fue ministro del Interior durante cinco años (1988-1993). Él impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana, familiarmente llamada Ley Corcuera (y con mucha más familiaridad, si cabe, ley de la patada en la puerta), que fue recurrida ante el T.C. y declarada anticonstitucional. Tal como había prometido en una rueda de prensa, Corcuera dimitió apenas enterado del fallo del Constitucional. El 21 de mayo de 2017 devolvió el carné el PSOE. La razón fue que la víspera, un tal Pedro Sánchez Pérez-Castejón había ganado las primarias a la Secretaría General del partido de la que había sido apeado por el Comité Federal el 1 de octubre de 2016.
No hay dos sin tres. Otro ministro de Interior, Antoni Asunción Hernández, precisamente el que sucedió a Corcuera en noviembre de 1993, no llegó a estar en el cargo seis meses. Tras la fuga del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en abril de 1994, el diario El Mundo publicó una entrevista con el prófugo en su refugio de París el 3 de mayo. Antoni Asunción dimitió dos días después.
Eran otros tiempos, ya digo. Y otra gente. Sánchez nunca ha conseguido llegar a los 125 escaños por los que dimitió Joaquín Almunia. La causa de la dimisión de José Luis Corcuera no tenía comparación con la media docena de veces que el Tribunal Constitucional ha revolcado decretos leyes de Pedro Sánchez. Esto será más difícil en el futuro, para eso está Conde-Pumpido.
Nadie en el Gobierno piensa que este corra el más mínimo peligro. Lo han dicho Pedro Sánchez, Miquel Iceta y Yolanda Díaz: “nada ve a romper el Gobierno”. Y por supuesto, Irene Montero, que ha anunciado su intención de no dimitir. “A ver, ¿por qué?” podría preguntar a todo el mundo. Por un último resto de dignidad, podría responderle cualquiera, pero ella no sabe lo que es eso. Ella hizo un augurio contra todas las advertencias que habían sido unánimes: “No habrá ni una sola reducción de condenas”, dijo el 2 de noviembre pasado. Ya son 986 las condenas reducidas y 105 los delincuentes sexuales excarcelados. Ella negaba tal posibilidad: “Eso es propaganda machista”. Luigi, genio cotidiano de mi blog, acertó al definir: “Irene Montero es propaganda machista”. Toda ella.