Si la esposa y el hermano de Pedro Sánchez han cometido alguna clase de ilícito penal es algo que sólo puede establecer un tribunal tras el correspondiente juicio. De la fase aún en curso de investigación, búsqueda de pruebas y declaraciones de imputados y testigos parece deducirse que el primer asunto tiene en principio más visos de encajar en alguna conducta tipificada como delito. Lo que ya ha quedado claro, sin embargo, es la existencia en ambos casos de una serie de hechos definidos en el lenguaje coloquial con el término de enchufismo. Prevalencia de posición influyente, acepción de personas, privilegios administrativos, uso discrecional de recursos públicos, contrataciones arbitrarias predeterminadas al margen de méritos o títulos. Nítidos y llamativos ejercicios de parcialidad y amiguismo.

Queda muy poco margen de duda de que tanto Begoña Gómez como David Sánchez (Azagra) se han beneficiado de su condición de familiares del jefe del Gobierno. Que su extraña cátedra universitaria y su puesto de director musical en la Diputación de Badajoz fueron el fruto respectivo de sendos contratos a dedo adjudicados en relación directa con ese parentesco. La justicia deberá dilucidar si esas adjudicaciones fueron legales o incumplieron las reglas de procedimiento, en cuyo supuesto existirían responsabilidades concernientes también a quienes las concedieron, pero el trato de favor resulta manifiesto. Y ése es el escándalo verdadero: la desigualdad, el criterio selectivo asimétrico.

Porque significa que el vínculo sanguíneo o afectivo ha sido determinante –«por ser vos quien sois»– en el acceso a empleos profesionales de obtención improbable en libre concurrencia de oportunidades. El de la mujer del presidente, en concreto, fue creado ‘ad hoc’, otorgado en ausencia de otros aspirantes y respaldado por patrocinadores que no han financiado proyectos similares, y el del hermano –calificado de no prioritario por las directoras de los conservatorios pacenses– fue modificado de funciones a posteriori para adaptarlo a sus necesidades, entre ellas la de liberarse de obligaciones presenciales. Los indicios de valimiento y prevalencia son flagrantes, más allá de la eventual existencia, por ahora conjetural, de otras irregularidades como la utilización de personal adscrito a la Presidencia o la evasión de deberes fiscales.

La judicialización de los casos puede provocar una percepción desenfocada. La expectación mediática pone énfasis en las posibles consecuencias penales en detrimento de la diáfana evidencia de una situación de ventaja incompatible con la ética igualitaria. Es ahí donde debe centrarse, haya o no condenas, el debate de la opinión ciudadana. En la pregunta –contrafactual, pero de fácil respuesta– de cuánto duraría en Gran Bretaña, Francia o Alemania un primer ministro con media familia implicada en semejante anomalía democrática.