Para no confundir a la ciudadanía ni al sector, sería conveniente sopesar las posibilidades capaces de insuflar estabilidad al frágil sistema eléctrico, tras el colapso de abril. Bien con la prórroga de las nucleares que reclaman las empresas propietarias. Con el impulso solar y eólico, pilar de la descarbonización necesaria para contener el cambio climático. O con una combinación de alternativas, asumiendo el complejo almacenaje de residuos radioactivos. El controvertido plan de cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), enterrado por el rechazo que se desató en Castilla-La Mancha con el barón socialista Emiliano García-Page al frente de la protesta, revela el alcance del reto pendiente. Un debate que no se puede plantear mediante el subterfugio empleado ayer por el PP -una enmienda al plan de movilidad-, más pensando en atizar al Gobierno de la mano de Junts que en abordarlo con responsabilidad. La abstención de los posconvergentes, que libró a Sánchez del pretendido varapalo un día después de llamarle «cínico», solo puede interpretarse como un intento de evitar retratarse junto a populares y Vox, a pesar de las fuertes presiones de la empresa catalana a favor de la prolongación por la parte que les toca en Ascó y Vandellós.

El calendario oficial que contempla el progresivo cierre de nucleares entre 2027 y 2035 obligará a Sánchez a tomar partido. Su disposición a estudiar la prórroga de Almaraz, siempre que se garantice la seguridad y no encarezca la factura, podría desatar una arriesgada reacción en cadena. Una prolongación le evitaría un sobresalto en las elecciones adelantadas de Extremadura, ya que la planta es fuente de empleo en Cáceres. Pero le obligaría a abordar de una tacada la desconexión prevista de hasta cuatro reactores, sin una alternativa energética. El apagón de abril fue demasiado traumático para no tenerlo en cuenta.