F. Javier Merino y Josu Ugarte-El Correo
- España necesita un Ejecutivo que atienda a los más desfavorecidos y que no privilegie las demandas de los nacionalistas
En el ambiente polarizado que vive la sociedad española, es pertinente una reflexión crítica sobre las circunstancias en las que se ha forjado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Hay quienes deseábamos, efectivamente, la formación de un Ejecutivo de izquierdas: un Gobierno que defienda la igualdad entre los ciudadanos, que profundice la democracia, que aplique una mayor justicia fiscal, que mejore los servicios públicos, que combata el privilegio, el supremacismo y la xenofobia, que aplique políticas humanitarias para los inmigrantes extracomunitarios. Hasta aquí, nada novedoso para quien se adscriba a la izquierda.
La anomalía de la situación proviene de la circunstancia de que a un programa de izquierdas pactado entre PSOE y Sumar se ha añadido una serie de medidas profundamente antidemocráticas, ajenas a esa mayoría de izquierdas y ausentes de los programas electorales votados, dirigidas a contentar a una minoría que, mediante el chantaje, ha exigido su adopción para apoyar la investidura; medidas que son además ‘ad personam’ y que vienen a premiar graves prácticas políticas.
En nuestra opinión, España necesita un Gobierno de izquierdas que cierre el camino a la extrema derecha de Vox (el PP no está dispuesto a hacerlo) y también a la derecha iliberal y étnica de Puigdemont (paradigma de dirigente supremacista, insolidario y xenófobo, transgresor de la legalidad democrática que le permitió nada menos que la presidencia de su comunidad autónoma).
Un Gobierno de izquierdas que cierre el camino a quienes quieren levantar su alternativa política desde el borrado de la memoria histórica; que cierre el camino a lo que representa EH Bildu, heredera del movimiento fascista más letal que ha habido en España desde la muerte de Franco (no olvidamos el terrorismo de la extrema derecha, igualmente asesino y cruel, pero quien mató y persiguió más a quienes se le oponían fue ETA, secundada por su brazo político; hoy, este último, trasmutado en EH Bildu).
España necesita un Gobierno de izquierdas que recuerde a ERC su pasado y su presente: sus escarceos con el fascismo mussoliniano en los años 30, la abierta xenofobia de Heribert Barrera (su primer diputado tras la dictadura) y su participación en ese proceso independentista ante el que no cabe una amnistía, sobre todo, porque no viene a sellar un acuerdo sobre el que edificar esa aludida convivencia, sino porque sus promotores siguen empeñados en conseguir sus objetivos, que no tienen nada de democráticos, solidarios y fraternales.
España necesita un Gobierno de izquierdas que atienda a los territorios y los ciudadanos más desfavorecidos, no a los más ricos; que no privilegie las demandas de nacionalistas vascos y catalanes, comunidades opulentas y con sus rasgos culturales y lingüísticos plenamente reconocidos y potenciados, y que priorice a las comunidades más pobres, las de la España vacía, las de Andalucía o Extremadura, los territorios con menor renta per cápita de todo el país.
España necesita un Gobierno honesto, que explique con claridad y seriedad a la ciudadanía cuál es su proyecto, el territorial y el social. Que trate a los votantes con respeto, que no se contradiga una y otra vez, porque la mentira degrada la democracia. Cuyos compromisos electorales sean de obligado cumplimiento, aunque, lógicamente, las circunstancias puedan cambiar y obligar a modificaciones inevitables por la evolución de las cosas. Pero hacerlo inmediatamente después de las elecciones, solo por llegar al poder a toda costa, pisando todos los principios, es simplemente un fraude, además de profundamente inmoral.
No es verdad que no hubiera alternativa. Siempre la hay. PSOE y Sumar podrían haberse presentado a la investidura con el programa de gobierno acordado; es decir, 152 diputados harían valer un apoyo ciudadano muy superior al representado por los 26 diputados nacionalistas, obligando a estos a optar entre ese programa o la alternativa de un gobierno PP-Vox.
Es prioritario, efectivamente, combatir a la extrema derecha e impedir que llegue al Gobierno, pero no a cualquier precio. Para ello, sería fundamental haber hecho todo lo posible por extender el cordón sanitario. Sabemos que el PP no está dispuesto, pero la izquierda sí debería estarlo. Y para evitar que la extrema derecha coja aire, nada mejor que hacer todo lo contrario de lo que ella hace: es decir, practicar la democracia, la generosidad, el debate, decir la verdad y convertir a la ciudadanía en aliada. Es triste, pero nada de eso están haciendo Pedro Sánchez y sus socios. Es posible que haya más gente de lo que parece que no queramos optar entre Vox o Puigdemont. Transitar por ese camino es una irresponsabilidad manifiesta y de consecuencias imprevisibles, en ningún caso positivas.
F. Javier Merino ha sido profesor de Historia. Josu Ugarte dirigió Bakeaz