EL MUNDO – 18/06/15 – ARCADI ESPADA
· Escribo cuando el presidente Rajoy no ha comunicado aún sus cambios en el Gobierno. Lo único que ha comunicado ha sido, cuando le han preguntado, «¿cambios?, ¿qué cambios?». El presidente está cerca de convertirse en un personaje literario y solo es preciso que él se dé cuenta. Aunque comprendo sus desesperadas renuencias hacia sí mismo. Él hizo circular desde los primeros tiempos que se distinguía por el manejo infalible de los tiempos y un cambio de gobierno a cuatro meses de las elecciones no es algo que afiance la leyenda. Pero por si esta columna prospera antes de que haya resuelto, mi intención es urgirle a la creación del Ministerio de la Verdad.
La verdad, que es el principal problema de las democracias contemporáneas, ha sido también el principal fracaso de Rajoy. Su gobierno ha asistido impasible a la construcción y desarrollo de la gigantesca mentira secesionista en Cataluña y a la conquista del prime time político por parte del infecto populismo. Como toda respuesta a dos construcciones que han sido sobre todo mediáticas, el Gobierno ha mantenido sumida en la postración, por ejemplo, a la televisión pública del Estado. Incapaz de proveerla de recursos e incapaz de hacer de ella el principal aparato de contraprogramación política.
Nunca como en nuestra época se había producido una circulación tan caudalosa de mentiras, a partir de la conversión mediática de la política en una variante de la pornografía y de la degeneración sistemática de los hechos y opiniones en las redes sociales. Esta situación inédita debe suponer un añadido crucial a las competencias del gobierno democrático: el derecho a la verdad debe convertirse en uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por supuesto, su reivindicación incluye el rasgo clásico y rubalcabo de un Gobierno que no nos mienta, pero debe abrirse de modo inequívoco a la necesidad de una sociedad que no nos mienta, porque el Gobierno ha dejado de ser el principal propagador de las mentiras. Esto no debe suponer la prohibición de la mentira, ni que deje de ser el espectáculo favorito de la industria mediática. Prohibirla sería prohibir la libertad. Pero es evidente que su despotismo analfabestia ha de ser contrarrestado con tajantes recursos públicos. La distopía de Orwell sobre la verdad y la intimidad se ha cumplido. Solo que no ha sido obra del Estado sino de la sociedad.
O sea que es el momento, sí, de una profunda crisis de Gobierno que ha de acometer nuestro decidido presidente.