Albert Rivera-El País

Con la ley contra la precariedad ya no habrá en España dos clases de ciudadanos

En nuestro mercado laboral hay dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda. Ciudadanos haciendo trabajos idénticos con dos niveles de protección legal completamente diferentes.

En 2017, el 90% de los nuevos contratos fueron temporales. Uno de cada cuatro tenía duraciones menores a una semana. Seis millones de españoles no llegaron a cobrar el equivalente al salario mínimo anual (10.200 euros). Son muchos los españoles, especialmente jóvenes y mujeres, que no pueden desarrollar una carrera profesional digna, independizarse o formar una familia. Ven ahogadas sus aspiraciones de tener un proyecto de vida. Son tratados como ciudadanos de segunda.

De esta forma, España ve torpedeado su propio proyecto de país. Porque cuando hablamos de precariedad laboral no hablamos únicamente de contratos, sino de unos efectos negativos que repercuten en toda la sociedad: crecimiento económico, natalidad, conciliación laboral, pensiones e igualdad entre hombres y mujeres. Es una situación inaceptable.

Para entender esta dualidad entre derechos laborales hay que partir de la distinción que hace nuestra legislación. Desde 1984 atendemos a dos modalidades contractuales: los contratos con vocación permanente y aquellos con vocación temporal. Estos dos contratos están destinados a dos tipos de necesidades diferentes: permanentes y temporales.

Estos 34 años nos han mostrado que es imposible distinguir las necesidades temporales de las permanentes. Las empresas usan el contrato que les resulta más económico en cada momento. Y dada la complejidad de nuestra legislación laboral y el deseo razonable de las empresas de no meterse en líos, estas usan, en gran parte de los casos, la modalidad más sencilla: el contrato temporal. Esto se ha traducido en una discriminación efectiva en la mayor parte de los casos.

Planteamos un contrato unificado indefinido, una mochila de derechos y un bonus en función de la estabilidad

Para acabar con esta discriminación hemos presentado un proyecto de ley contra la precariedad. Una reforma ambiciosa, justa y viable que mejora los derechos de todos los trabajadores, les da estabilidad en el empleo y aumenta la competitividad de nuestras empresas.

Habrá un solo contrato de trabajo, indefinido, sin fecha de caducidad, con 20 días de indemnización por despido (33 por despido improcedente), como tienen ahora los indefinidos. Además de simplificar la contratación, eliminando el carrusel de bonificaciones por conversiones y las decenas de modalidades contractuales, el contrato dará más flexibilidad y seguridad jurídica a aquellas empresas, pymes y autónomos que generan empleo. Solo se mantendrán los contratos temporales por formación o sustitución.

Nuestra ley introduce una mochila de derechos portables que permite que los trabajadores acumulen sus derechos cuando cambien de trabajo. A diferencia de lo que sucede ahora, los derechos laborales (antigüedad) serán del trabajador y se los llevará consigo al cambiar de trabajo. Se acabó el quedarse amarrado a un puesto en el que el trabajador es infeliz para preservar la antigüedad, o el dejar de trabajar para “forzar el despido”. Para la empresa, la mochila permite hacer una mejor previsión de los costes laborales, provisionando desde el primer día una parte del coste y evitando que muchas empresas cierren por no poder hacer frente a despidos cuando viene una crisis económica. Así, la mochila de derechos permite a las empresas ir guardando ese dinero y se convierte en un seguro anticrisis.

Nuestra reforma introduce bonificaciones para las empresas que, dentro de su sector, menos rotación laboral induzcan. La empresa que despide crea costes sociales, y la que despide menos debe beneficiarse por ello.

El empleo es el gran fracaso de nuestra democracia. La tasa media de paro con Gobiernos socialistas y conservadores se sitúa alrededor del 18%. Son cifras inaceptables y muy por encima de la media europea. Nadie hasta la fecha ha ofrecido mejor reforma que derogar las reformas laborales anteriores. Ningún partido ha ofrecido mejorar la protección de los trabajadores, ni soluciones a los retos del trabajo que plantean la globalización o los nuevos modelos de negocio digitales.

Con los tres elementos que plantea Ciudadanos —un contrato unificado indefinido, una mochila de derechos y un bonus en función de la estabilidad—, el mercado laboral sería más estable, y la vida, más previsible. No habrá ciudadanos de primera y de segunda en el empleo. Es el momento de actuar y situar a España en el lugar que merece, liderando un empleo de calidad para el siglo XXI.

Albert Rivera es presidente de Ciudadanos.