EL CORREO 28/11/14
Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, mostró ayer su «desconcierto» después de que el pleno del Ayuntamiento de Portugalete rechazase la colocación de placas en memoria de las personas asesinadas en la villa. La moción, presentada por el grupo municipal popular, contó con la oposición del equipo de gobierno, en manos del PSE, el PNV y EB. EH Bildu se abstuvo.
El alcalde jarrillero, Mikel Torres, justificó la decisión del grupo socialista por una cuestión «de forma» más que de fondo. En este sentido, el regidor acusó a los populares de llevar a cabo un acto «electoralista» y «fuera de lugar». En su opinión, la propuesta lanzada por Covite «no debe ser tratada en una sesión municipal, sino debatida por el Parlamento vasco», criticó. «Tratan de poner en duda el trabajo realizado en Portugalete, pero somos un Ayuntamiento ejemplar», reivindicó el primer edil, quien recordó que el Consistorio jarrillero «fue el primero de Euskadi que colocó la pancarta de ‘ETA no’ y el único que aún la conserva, además de celebrar actos en memoria de las víctimas y levantar un monolito en su honor».
En su intervención en el pleno municipal, el portavoz del PP en Portugalete, Juan Carlos Castaño, insistió en que recordar a las víctimas en los lugares donde se han perpetrado atentados terroristas es «una cuestión de justicia y de responsabilidad», y destacó que «es el momento de que los ayuntamientos en los que el terrorismo ha dejado su huella garanticen el derecho a la memoria», dado «el deber de las instituciones de preservarla».
«Es un derecho»
Para Covite, el rechazo del Ayuntamiento portugalujo a la iniciativa ‘Una víctima, una placa’, impulsada por el colectivo desde septiembre para señalizar y denunciar los crímenes del terrorismo y a la que ya se han sumado Bilbao y Barakaldo, «atenta contra un derecho público». Además, constituye toda una «sorpresa», al tratarse de un municipio «que ha sufrido tan directamente el terrorismo», con doce personas asesinadas por ETA.
«El terrorismo, como delito público y como afrenta a la sociedad, requiere que las instituciones velen por la construcción de una memoria pública», advirtió la agrupación, ya que se trata de «un derecho no sólo de las víctimas del terrorismo y sus familiares, sino de la sociedad en su conjunto».