JON JUARISTI-ABC
PROVERBIOS MORALES De la baja calidad de muchos másters derivan las malas prácticas en su gestión
DE momento, yo aplicaría una epojé fenomenológica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. (me encanta empezar con una pedantería cuando de contubernios universitarios se trata). Lo de la epojé quiere decir solamente que suspendo todo juicio sobre lo que hasta ahora haya podido hacer la señora Cifuentes desde que se matriculó en el dichoso máster de la Universidad Rey Juan Carlos. En realidad, lo que haya hecho o podido hacer la presidenta no será muy distinto de lo que hace un porcentaje altísimo de estudiantes, dispuestos a sacarse un título cuanto antes, legal o fraudulentamente. Hay otro porcentaje, por fortuna menor, que se enroca en los campus para asaltar capillas y orinar o pintar graffitis en los rectorados. Por muy motera que nos haya salido, no creo que doña Cristina simpatice con este último grupo. Dejemos, pues, a la presidenta metidita en su epojé, que ya habrá tiempo de sacarla de allí para bien o para mal, y vayamos al máster.
Ya su mera denominación es curiosa. ¿Qué es «en Derecho Autonómico y Local»? Si uno va a internet en busca de información sobre dicho concepto lo encontrará en el Rincón del Vago, en alguna librería que vende textos para dicho máster, y para de contar. Hay Derecho Público, Penal, Civil, Mercantil, Canónico e incluso Internacional, pero lo de Derecho Autonómico da como mucho para una optativa. Entiendo que más que de Derecho se trata de Administración, así que se podría incluir como capítulo de un máster de Derecho Administrativo, lo que tendría más justificación. Sin embargo, hay másters como este en varias universidades españolas. Generalmente, en universidades especialmente mimadas por los gobiernos autónomos (en 1998 se implantó en la Universidad de Deusto, en colaboración con el Gobierno Vasco y el Instituto Vasco de Administración Pública). Según la Universidad Rey Juan Carlos, su máster tendría «utilidad práctica inmediata para quienes tengan relación o quieran relacionarse con las Administraciones autonómicas y locales españolas, preferentemente de la Comunidad de Madrid», y se dirigiría de modo especial a los «funcionarios» de dichas administraciones. La mención expresa de los funcionarios no es ornamental, porque este tipo de másters suponen una financiación indirecta por parte de los gobiernos autónomos a las universidades que los imparten, mediante la subvención de buena parte de la matrícula y las tasas a sus funcionarios o cargos políticos que quieran cursarlos.
Son una birria de másters, como tantos otros. Y de su propio carácter birrioso deriva el relajo con que se gestionan. En sus primeras intervenciones sobre el asunto en la Asamblea de Madrid, la presidenta Cifuentes sostenía, frente a la oposición, que en los estudios de posgrado no se aplica con un rigor estricto la exigencia de asistir a las clases (la «presencialidad») ni otros aspectos de la normativa habitual en los grados, lo que provocó la lógica irritación de Ángel Gabilondo, un tipo por lo general templado, que es socialista y qué le vamos a hacer, pero también catedrático de universidad, y al que el choteo en estos temas molesta mucho. Como a mí.
En fin, la reacción del rector de la URJC y de los responsables del máster ha sido moralmente miserable y ya se verá si delictiva. Para encomiable valentía, la del profesor Álvarez Conde, que, ante «la presión del rector», pidió redactar un «documento interno» (es decir, algo así como un acta) a una «discípula» suya. Lamentablemente, esto no va a suponer el comienzo de una catarsis en las universidades públicas, algo, en mi opinión, mucho más urgente que el de Cifuentes. Y es el tema da para mucho. O sea, que seguiremos con ello.