Ninguna de las dos fuerzas quiere dar el paso de presentar una proposición para reformar la ley Electoral y conseguir que las campañas se reduzcan a la mitad cuando los comicios se produzcan por imposibilidad de sacar adelante una investidura, algo que sucederá si ningún candidato logra la confianza del Congreso antes del 30 de octubre. PP y PSOE se resisten a dar el paso pero utilizarán una proposición que plantea exactamente eso, firmada por los dos diputados de UPN y presentada por el Grupo Mixto.
Populares y socialistas quieren salvar la cara y evitar el reproche por su incapacidad para llegar a acuerdos, utilizando la proposición de los diputados Carlos Salvador e Íñigo Alli y registrada con la firma del portavoz del Grupo Mixto Francesc Homs.
Esta proposición de ley plantea reformar el apartado 2 del artículo 51 de la ley Electoral, de manera que en una situación como la que se produjo tras el 20 de diciembre, la campaña de la repetición de elecciones sólo debería durar una semana, en lugar de los 15 días habituales. El escenario de nueva convocatoria tiene muchas posibilidades de producirse otra vez con el agravante de que las urnas se abrirían en una fecha muy inconveniente, el día de Navidad.
La idea de proponer una reforma de la ley para acortar la campaña fue del PSOE, sin embargo ahora se muestra reticente a presentar la iniciativa. Por su parte, el PP, que también se mostró conforme con la idea, tampoco se decide a dar el primer paso. Ambos partidos parecen hacer el mismo análisis: quien plantee la propuesta dará cancha a los adversarios políticos para señalarle como promotor de las terceras elecciones.
En los contactos que han mantenido representantes de ambas formaciones se valoró hacer una proposición conjunta. Fuentes populares aseguran que el PSOE ha rechazado la fórmula, supuestamente para no dar pie a Podemos de reprocharle una actitud pactista con la derecha.
En estas condiciones, en medios parlamentarios, califican de «providencial» la proposición de UPN. Los pasos para sacarla adelante deberían ser rápidos porque habría de estar aprobada antes del 30 de octubre, fecha en la que, a falta de investidura, las Cortes se disolverán.
El acuerdo para iniciar la tramitación debería ser completo. Al menos de los grupos representados en la Mesa del Congreso. De conseguirlo, la iniciativa podría llevarse al primer pleno ordinario y el procedimiento habría de ser en lectura única y urgente, de manera que sólo hubiera un plazo de enmiendas y, como mucho, con una sola ampliación.
Con el acuerdo de todos los grupos del Congreso, la proposición pasaría al Senado que daría su visto bueno sin más obstáculos. En caso de que alguna formación quisiera plantear enmiendas en la Cámara Alta, la tramitación se alargaría una semana más. Fuentes parlamentarias aseguran que con pacto entre todos los grupos, el procedimiento se completaría en tres semanas. La proposición, además, debería ser informada por el Gobierno que cuenta para ello con un plazo de 30 días. Desde La Moncloa se asegura que no habría ningún problema y que el informe, que es preceptivo pero no vinculante, se evacuaría «en cuestión de horas, un día a lo sumo».
La iniciativa de UPN debería ser retocada para «ajustarla a la logística electoral», pero su contenido coincide en esencia con lo que PSOE y PP estarían dispuestos a apoyar. En la exposición de motivos, los diputados Salvador y Alli argumentan que «la incertidumbre y la parálisis institucional en la que estamos instalados provoca un nivel elevado de desaprobación social» y ello, unido a la coincidencia de una previsible llamada a urnas el 25 de diciembre, «podría acarrear un grado tal de desafección con el propio sistema democrático que, incluso, podría llegar a alterar el buen y normal funcionamiento de la jornada electoral».
Para sortear estos riesgos y, además, minimizar el impacto económico de unas nuevas elecciones en el presupuesto público sería necesario proceder a una reducción de la campaña a la mitad. En el PP admiten que adelantar las elecciones al día 18 ayudaría a fomentar la participación y evitaría problemas en la constitución de las mesas electorales en un día como el de Navidad.