El PNV tiene miedo a que, al deslegitimar el terrorismo etarra, se deslegitime también el sustrato ideológico del que uno y otro se alimentan; y a que cuando se legitima el Estado de Derecho, se legitimen asimismo las instituciones constitucionales cuya democraticidad el nacionalismo cuestiona. Por eso aquí siempre es difícil el consenso consecuente en esta materia.
Mes y medio ha pasado desde que el Gobierno de Patxi López entregara al PNV, para su toma en consideración y eventual aprobación, la propuesta educativa titulada ‘Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia’. A lo largo de este tiempo de encuentros discretos, declaraciones públicas e intercambio de papeles, se ha llegado a un texto refundido que, comparado con el que en su día se redactó, debería resultar de todo punto de vista inobjetable para el partido jeltzale. En efecto, no se encuentra ya en el documento final casi ninguna de las expresiones de abierta censura que el original dirigía a los planteamientos del Ejecutivo anterior. Se han incorporado, además, a la redacción definitiva extensos pasajes del aún vigente ‘Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos’, así como la casi totalidad de las sugerencias que el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, envió al lehendakari.
Y se han razonado por fin, con mayor detalle y precisión, los argumentos que desde el inicio se esgrimían a favor de hacer girar el plan en torno al doble eje de la deslegitimación del terrorismo y de la centralidad de las víctimas, despojando a la primera de cualquier sesgo partidario y dotando a la segunda de todas las cautelas posibles desde el punto de vista pedagógico. Nos encontramos, en suma, con un texto equilibrado que, sin renunciar a nada sustancial de lo que la primera propuesta contenía, ha resultado ser, tal y como se exigía, más integral y menos doctrinario.
El propio PNV, a través del líder de su comisión negociadora, Joseba Egibar, afirmó a bote pronto, al término de una de las reuniones, que el nuevo texto nada tenía que ver con el primero, pues recogía nada menos que el 95% de las exigencias de su partido. Se declaraba incluso sorprendido de que el PSE hubiera cedido hasta el punto de asumir algunas de sus peticiones. Así que, analizado el texto en sus contenidos y oídas estas primeras reacciones de los nacionalistas, uno estaba ya preparándose para aplaudir el acuerdo final cuando éste se anunciara de manera oficial y definitiva. Porque nada menos que un sonoro aplauso habría merecido el hecho de que los socialistas y los nacionalistas se hubieran olvidado momentáneamente de sus tirantes relaciones actuales para ofrecer a la comunidad educativa una propuesta pedagógica consensuada en materia tan sensible como es la deslegitimación del terrorismo y el reconocimiento de sus víctimas.
Sin embargo, y de manera harto sorprendente, lo que cabía esperar que fuera acuerdo resultó ser, al final, frialdad y reticencia. Incapaz de negar los acercamientos que se habían producido en el proceso de negociación, el portavoz del PNV, en una comparecencia que no quiso que fuera conjunta con sus interlocutores, se encargó de echar un jarro de agua fría a lo conseguido con una de esas enrevesadas frases a que nos tiene acostumbrados: «Hay acuerdo en lo que hay acuerdo, pero en el plan no hay acuerdo». Todo, según él, porque el texto «no es global», sino que sigue siendo «parcial y mejorable».
Con el pie forzado de este primer pronunciamiento del portavoz de su partido, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, no tuvo más remedio que echar también él mano del circunloquio para evitar las palabras, al parecer malditas, de acuerdo, consenso o apoyo. Así, aun cuando calificó el texto final de «satisfactorio en lo que afecta al sistema educativo», lo tachó también de «parcial», por no definir bien «quiénes son las víctimas», y «perfectible», por no ser «un plan de paz», como si alguien hubiera pretendido alguna vez que lo fuera.
Tan rácana respuesta del PNV a la generosa actitud del Ejecutivo sólo admite una de las dos explicaciones siguientes, si no las dos en su conjunto. La primera es la desazón que todavía crea entre los jeltzales enfrentarse a lo que constituye el eje de la propuesta socialista: la deslegitimación de la violencia y la centralidad de las víctimas. El PNV tiene miedo a que, al deslegitimar el terrorismo etarra, se deslegitime también el sustrato ideológico del que uno y otro se alimentan y a que, cuando se legitima, en cambio, el Estado de Derecho, se legitimen asimismo las instituciones constitucionales cuya democraticidad el nacionalismo cuestiona. Por eso siempre resulta difícil, por no decir imposible, entre nosotros el consenso radical y consecuente en esta materia. Por lo que se refiere a las víctimas, la ausencia casi total en sus filas de representantes del nacionalismo puede ser interpretada por éste como una pregunta incómoda que le interpela sobre su propio comportamiento y a la que de ningún modo cabe responder con evasivas.
La otra explicación es más coyuntural y, por así decirlo, tacticista. Se refiere a la actitud que el PNV ha adoptado desde que se firmó el acuerdo parlamentario entre el PSE y el PP. Consiste en negar al Gobierno toda oportunidad de lucimiento. Esta actitud, que era ya firme desde el momento de su adopción, ha venido reforzándose con el paso del tiempo y a medida que se acercan las citas electorales. Por desgracia, en ella no se admite jerarquía de temas y asuntos, sino que todos, graves y leves, de Estado y de Gobierno, han sido introducidos en el mismo saco. Su objetivo es siempre el mismo, a saber, que en todo, hasta en lo que pueda tomarse por acierto, queden bien patentes la total ineptitud del Ejecutivo, de un lado, y la perentoria necesidad de su reemplazo, de otro. Hoy le ha tocado el turno a la propuesta de educación para la paz. Mañana será cualquier otra cosa.
José Luis Zubizarreta, EL DIARIO VASCO, 7/6/2010