Tonia Etxarri-El Correo
Que el pacto entre los socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña, que ha levantado todo tipo de suspicacias en el resto de comunidades autónomas, está poniendo en un serio apuro a Pedro Sánchez resulta evidente a tenor de los rodeos que va dando La Moncloa. Con un objetivo: que no se rebelen las baronías socialistas y que las comunidades gobernadas por el PP acaben divididas si se les ofrece alguna compensación en la financiación para que el discurso sobre el agravio comparativo caiga sobre su propio peso. Esfuerzo baldío, en principio, porque la reacción de los afectados no está siendo favorable. También en la comunidad vasca asoma la preocupación por el fuego que pueda desatar el pacto del Concierto/Cupo catalán en donde se defiende el sistema de recaudación foral por la mayoría del espectro político, a excepción de Vox.
Tanto los nacionalistas del PNV como el PP vasco se han mostrado interesados en remarcar las diferencias con Cataluña porque el sistema vasco asume un riesgo unilateral que pocas comunidades autónomas estarían dispuestas a asumir. Las haciendas vascas recaudan y después contribuyen a los gastos del Estado para compensar las competencias no transferidas con el 6,24%. Un porcentaje mayor que su peso en el PIB español (5,89) y mayor que su peso poblacional (4,63). Por eso insisten en el riesgo que han contraído durante todos estos años al haber asumido un porcentaje fijo. Y, además, aportan al Fondo de Compensación territorial del que no se benefician. Por lo tanto, cuando se insinúa que el Concierto vasco no es solidario, se revuelven.
Cataluña representa casi un 20% del PIB español y su pacto dependerá únicamente de la voluntad del poder legislativo. No hay forma de blindarlo sin modificar la Constitución. En cambio, el Concierto vasco ha sido asumible durante todos estos años por su escaso peso en el PIB. Y, además, está protegido por la Constitución, el Estatuto, y la Justicia europea. Ante las dificultades para explicar a su electorado que el pacto fiscal catalán se podrá extender a otras comunidades, Sánchez intenta dar la vuelta al relato, que es su especialidad.
Si a la fiscalidad exclusiva para Cataluña lo llama «solidaridad», ahora borra del casillero la palabra «agravio» para sustituirla por «oportunidad». Y se ofrece a las comunidades unos acuerdos bilaterales de financiación. Pero no cuela. El PP se ha puesto en guardia y, en su manifiesto firmado por los barones, le viene a decir a Sánchez que no intente dividirlos, que pinchará en hueso. Ya ha dilapidado la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley con la amnistía, pero ante el agravio que supone la fiscalidad privilegiada para Cataluña el texto habla de arbitrariedades «que no tienen cabida en nuestro sistema democrático». La prueba del algodón se dará cuando la reforma de la LOFCA pase por el filtro del Congreso porque se necesitará aprobar por mayoría absoluta. ¿Qué hará el bloque que invistió a Pedro Sánchez? Junts votará en contra pero Bildu, aliado de ERC, le apoyará y el PNV no le contrariará. Que una cosa es criticar el pacto y otra cambiar el sentido del voto.