IGNACIO CAMACHO-ABC
La nación en vilo ante un casuismo léxico. Una preposición –«de» o «sobre»– separa la secesión retórica de la de hecho
EN el juego de ridículos casuismos en que se ha empantanado la crisis catalana, el debate de estas horas es sobre una preposición. La que diferencia una declaración «de» o «sobre» la independencia: una DUI –suena a dispositivo anticonceptivo– dura o una blanda. Una tajante o una desiderativa. Una proclamación resuelta o una manifestación abstracta, retórica, ambigua. Ninguna de las dos tendría efectos jurídicos porque ambas son ilegales pero sus efectos políticos parecen, sólo parecen, diferentes. El que va entre un tiro a dar y otro al aire.
Es un conflicto de voluntades arrastradas. Puigdemont quisiera ganar tiempo y Rajoy daría cualquier cosa por evitar el Artículo 155. A uno le pide el cuerpo inmolarse en su delirio y al otro apretar el botón de la suspensión autonómica, pero ambos saben o creen que se trata de una mala idea, o más bien de sendas decisiones con pésimas consecuencias. El problema es que el presidente de la Generalitat sufre presiones contrapuestas: los moderados –que son ya pocos, la verdad– le piden cordura y los radicales insisten en echar el carro por las piedras. Por su parte, el jefe del Gobierno siente en el cogote el aliento de una opinión pública que reclama medidas de excepción antes de que sea demasiado tarde y el Estado vuelva a perder, como el 1-O, la batalla de las apariencias.
Rajoy aguantará todo lo posible; en eso de resistir es un experto. El líder secesionista, en cambio, se ha convertido en un pelele a remolque de los acontecimientos. Su gente no le va a permitir echarse atrás ni frenar ahora el proceso. La ANC, verdadera dueña de la calle y de los tiempos porque a las CUP les falta masa crítica de militantes, ha convocado a sus fieles a rodear el Parlamento. Aunque Puigdemont se decida al final por la vía indeterminada, en cuanto pronuncie la palabra «independencia» los separatistas arrancarán la siguiente fase del proyecto. La ocupación masiva de instalaciones estratégicas y espacios públicos según su manual de revolución de terciopelo.
Si eso sucede, el Gabinete tendrá que hacer lo que hasta ahora ha estado eludiendo. Ni el presidente ni Sáenz de Santamaría pueden volver a repetir el numerito de después del referéndum, cuando salieron a negar la evidencia que todo el país acababa de contemplar en directo. La declaración soberanista no será legal pero supone una secesión de hecho y por tanto un desafío que exigirá respuesta inmediata del Gobierno. Tan inmediata que requerirá medidas de aplicación exprés porque el 155 necesita ciertos trámites que no son viables en el mismo momento.
La situación es la de un grupo de tiradores cercados que están a punto de lanzarse a la desesperada y a pecho descubierto. El Estado aguanta la respiración con su general suspirando por no tener que dar la orden de fuego. La incógnita de hoy consiste en saber si una preposición bastará para evitar el tiroteo.