Resulta difícil comprender que el Gobierno vaya a seguir adelante con el cierre de la central nuclear de Almaraz cuando el PP y el PSOE de la región están sumando fuerzas para tratar de impedirlo.
La decisión de clausurar la planta cacereña, la más eficiente de las cinco del país y una de las principales de Europa, solivianta justamente a una tierra tan desfavorecida como Extremadura, que perderá los 2.900 empleos y los 97 millones de euros generados por la unidad.
Si la transversal manifestación cívica que tendrá lugar hoy para reclamar la continuidad de la actividad de Almaraz no ayuda a remediarlo, será la primera víctima del apagón nuclear, entre 2027 y 2028. Y ello a pesar de que se trata de una de las centrales nucleares más seguras del mundo.
El programa de desmantelamiento de las centrales de energía atómica españolas, proyectado entre 2027 y 2035, es un dislate al que no asiste ninguna razón científica, motivado únicamente por el dogmatismo ideológico que informa la transición energética del Gobierno.
Porque si realmente el Ejecutivo quisiera cumplir con sus compromisos de descarbonización, no estaría yendo a contracorriente del resto del mundo, que considera la nuclear una energía verde imprescindible para reducir la huella de consumo energético, lograr los objetivos de neutralidad en carbono y alcanzar la independencia energética.
Pero el impacto de cerrar las centrales nucleares va mucho más allá del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que propiciará: supone también un suicidio energético y económico.
Económico, porque además de los puestos de trabajo que destruiría, el cierre de las centrales empujará notablemente al alza los precios mayoristas de la electricidad.
Energético, porque las renovables no son capaces de absorber por sí solas toda la demanda de electricidad cubierta por la nuclear, que produce más del 20% de la electricidad en España. Sólo la central de Almaraz representa cerca del 55% de la energía eléctrica libre de emisiones de toda Extremadura, y cubre un 7% de la demanda anual de todo el país.
Un estudio de PwC publicado el año pasado señaló que «una reducción en la producción de energía nuclear pone en peligro la seguridad del suministro en zonas de alta demanda, desde comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid».
Porque las renovables, lastradas —al menos de momento— por la intermitencia de su funcionamiento y su incapacidad para el almacenamiento, no bastan para garantizar la continuidad del suministro.
La energía nuclear, cuya generación incesante permite asegurar el abastecimiento eléctrico, no puede ser suprimida de las estrategias de descarbonización. Es una tecnología de sustento que seguirá siendo necesaria al menos unos cuantos años más, mientras se desarrollen las infraestructuras que permitan la operatividad plena de una energía 100% renovable.
Si no se extiende la vida útil de nuestros reactores, el «apagón» no será sólo nuclear, sino de toda nuestra red eléctrica.