Del Blog de Santiago González
Madrid empezó a aplicar anoche en soledad las restriccciones de la resolución que el ministro Illa publicó en el BOE el pasado jueves. El Gobierno Autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso presentó ayer ente la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo, en el que pide medidas cautelares contra el cierre de Madrid, por invasión de competencias, por el daño que las medidas van a suponer para la Comunidad y por una cuestión no menor: el incumplimiento de la Ley 16/2003 que regula el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el marco legal que regula la coordinación de las administraciones públicas en la actividad que nos ocupa.
¿Y qué es lo que se incumple, si puede saberse? Pues el artículo 73.2 de dicha Ley que dice exactamente: “Los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”. La propuesta de Illa fue sometida el miércoles a la aprobación del Consejo Interterritorial. Obtuvo mayoría, aunque votaron en contra: Galicia, Andalucía, Murcia y Cataluña. Permítanme subrayar que el artículo citado dice “por consenso”, no “por mayoría” y consenso en la única acepción que recoge el DRAE significa: “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”.
Pero Illa y la cuadrilla confunden consenso y mayoría y tratan al Consejo Interterritorial como a una conferencia sectorial. Su naturaleza es distinta y por algo tiene una ley específica para regularlo. Otra cosa es que consenso sea un palabro de la transición que se emplea como sinónimo de ‘unanimidad’. Sostengo desde hace tiempo que la democracia española tiene un problema con el significado de las palabras. Los nacionalistas, grandes virtuosos del equívoco, saben que el término nacionalista es un adjetivo, pero se empeñan en considerarlo calificativo cuando es solo un gentilicio.
Este que nos ocupa es otro. Hay más problemas de lógica interna. ¿Por qué Salvador Illa, ese improbable ministro de Sanidad va al BOE con una resolución de su Secretaría de Estado y no con una Orden Ministerial? Uno cree que el Gobierno debería tener autoridad para imponer a las CCAA sus decisiones en casos como este. Como si dijeran la verdad en algo, en el número de muertos, un suponer, en las mascarillas, en el inexistente comité de expertos o como si el objetivo fundamental de su acción fuese el bien común de los españoles y no dotarse de una herramienta contra el adversario o construirse un currículo que lo avale como candidato a la Generalidad. ¡El tío que confinó Madrid!¡Y sin tener ni puta idea de Medicina, que no es mérito menor!
Claro que tampoco se entiende que la presidenta de la Comunidad, ante el más que probable estropicio que se va a causar a la Economía madrileña, 750 millones por semana, se limite a pedir medidas cautelares y no cautelarísimas para abreviar en lo posible el sufrimiento.
Hablaba de la soledad de la presidenta. Sus homólogos se han puesto en perfil egipcio. ¿Todos? No, Mañueco se ha pasado al bando de Illa. Así puestos, ¿qué iba a esperar la pobre de su socio, Ignacio Aguado, esa carita irredimible que convoca ruedas de prensa para desautorizarla, anteponiendo su querencia por el diálogo antes que recurrir a la justicia. La bellas Inés, la gran decepción de la legislatura, critica “que se pierda el tiempo en trifulcas judiciales”. No, mujer; trifulcas son las del Congreso. El recurso a los tribunales es para el restablecimiento de la ley.