LA PRESIÓN internacional y la rápida y coordinada acción de la oposición venezolana han frustrado el autogolpe de Estado del régimen chavista. Ante la catarata de críticas procedentes de todo el mundo y la amenaza de sanciones de la comunidad iberoamericana, el Tribunal Supremo de Caracas tuvo que dar marcha atrás en su cacicada de arrebatarle todos los poderes legislativos a la Asamblea Nacional, democráticamente elegida, y con mayoría de diputados opositores. Pero no nos engañemos. El chavismo se ha quitado la careta definitiva y ha demostrado lo lejos que es capaz de llegar con tal de perpetuarse en el poder. Todos los pasos del régimen en los últimos tiempos son una huida hacia adelante, acorralado como se siente por el gran malestar de la población, que padece una crisis económica y de desabastecimiento insoportable.
Y si ha tenido que dar marcha atrás en este golpe es porque, en la antesala de descomposición en la que se encuentra el oficialismo, un paso tan grave en la deriva autoritaria como éste no tardó en provocar fisuras incluso en la cúpula chavista. La fiscal general, muy próxima al Gobierno de Maduro, esta vez no pudo menos que denunciar que se había producido «una ruptura del orden constitucional». Y sectores del ejército estaban seriamente alarmados ante la posibilidad de que la asonada institucional desembocara en un estallido violento. Todo unido a la condena casi unánime de la comunidad internacional ha hecho que Maduro viera las orejas al lobo.
Ahora bien, resulta imprescindible redoblar la presión extranjera hacia el régimen bolivariano. Porque la interrupción del golpe por los mismos golpistas en modo alguno significa que se haya recobrado la normalidad política. Ya no existe Estado de Derecho. Maduro se ha ido arrogando en los últimos meses superpoderes en materias como la economía, la seguridad o la defensa que le permiten gobernar prácticamente como un autócrata. Y el Parlamento tiene tan restringidas sus facultades que sus leyes y resoluciones son papel mojado, porque cada vez que aprueba algo, la Justicia bolivariana lo tumba. Se han dictado hasta 56 sentencias contra la Asamblea Nacional desde las legislativas de diciembre de 2015, cuando el oficialismo fue derrotado. Un hostigamiento insoportable que demuestra que en el país ni rigen el orden constitucional ni una verdadera democracia.
Tanto en la etapa de Chávez como durante el mandato de Maduro, el chavismo ha pisoteado sistemáticamente las libertades y los derechos humanos. Y está inmerso en una durísima represión contra la disidencia –llenando las cárceles de presos políticos como el dirigente opositor Leopoldo López–. De ahí que resulte tan necesario el apremio internacional, sobre todo de los países de la región, para forzar a Caracas a la convocatoria urgente de unas elecciones presidenciales limpias y transparentes, que son ahora mismo la única solución para que Venezuela empiece a recuperar la normalidad política y la necesaria estabilidad social. La Organización de Estados Americanos debe invocar la Carta Democrática que le permitiría incluso la expulsión temporal de Caracas, un instrumento de presión que se antoja inevitable. Por su parte, desde Mercosur se urge a Maduro a garantizar la separación de poderes y a liberar de inmediato a todos los presos políticos, barajando de lo contrario medidas sancionadoras.
Esa presión internacional, unida a la defensa de la democracia de los venezolanos en las calles, es el único camino. Y España debe ejercer un papel de vanguardia, liderando cuantas iniciativas sean necesarias en la Unión Europea destinadas a impedir por más tiempo la impunidad con la que actúa desde hace años el chavismo. Por suerte, la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país tiene muy claro dónde hay que posicionarse en estos momentos ante la espinosa situación venezolana. Lástima que el tercer partido en escaños, Podemos, rompa esa unidad con una actitud vergonzosa. La justificación del golpe realizada por figuras tan relevantes de la formación morada como Juan Carlos Monedero sería de chiste si no fuera un asunto tan dramático, por cuanto desde el mismo chavismo han tenido que retractarse con un reconocimiento implícito de lo lejos que habían llegado.
Sectores de la oposición tendieron la mano a Maduro para buscar soluciones dialogadas a la mayor crisis política en el país en décadas. El presidente populista respondió con un portazo y redoblando la represión. Ahora sólo cabe que hablen los venezolanos en unos comicios urgentes.