Desde las filas del socialismo vasco se está haciendo un discurso de buena voluntad y mano tendida hacia la izquierda abertzale con el que resulta difícilmente justificable la negativa de Interior a la legalización de Sortu. Y eso genera desconfianzas en los sectores más sensibles, como las víctimas.
La Asociación Víctimas del Terrorismo, junto a otros grupos similares, ha convocado una manifestación que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid para oponerse a la legalización de Sortu y a que listas afines a la ilegalizada Batasuna puedan concurrir, con la fórmula que sea, a las próximas elecciones.
La iniciativa de la AVT ha levantado críticas de cualificados portavoces del socialismo vasco que le han acusado de pretender presionar a los jueces, por un lado, y de dirigir su protesta contra el Gobierno, por otro. Resulta llamativa la primera de las quejas cuando hace pocos días, el 19 de febrero, se celebró en Bilbao una manifestación en favor de la legalización de Sortu avalada por partidos nacionalistas y a nadie se le ocurrió acusar a sus promotores de presionar a los jueces.
Las asociaciones de víctimas organizadoras de la manifestación quieren dejar oír su voz sobre la legalización de siglas afines a Batasuna, una voz que, por cierto, coincide con lo que ha hecho el Gobierno -rechazar la inscripción en el registro de Sortu- y con lo que ha expresado la Fiscalía General del Estado, que considera que el nuevo partido es sucesor de Batasuna y, por tanto, no debe ser legalizado. Esa voz es contraria a la de aquellos que se han pronunciado públicamente por la legalización de Sortu sin que tampoco hayan sido acusados de presionar a los jueces.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, se ha negado a inscribir a Sortu en el registro de partidos y ha enviado la documentación a la Fiscalía. Ese comportamiento se ajusta a lo establecido en la ley de partidos. Ha hecho más: ha solicitado informes a la Policía y a la Guardia Civil y se los ha remitido también a la Fiscalía para que tenga más elementos de juicio a la hora de promover ante los tribunales la anulación del nuevo partido.
Para los partidarios de la ilegalización, la actuación del Ejecutivo resulta impecable. Las críticas o, más que las críticas, las desconfianzas, no proceden de lo hecho sino de algunos discursos emanados de las filas socialistas que no han arropado la actuación ilegalizadora del Ministerio del Interior. Desde las filas del socialismo vasco se está haciendo un discurso de buena voluntad y mano tendida hacia los movimientos de la izquierda abertzale con el que resulta difícilmente justificable la negativa de Interior a dar el visto bueno al nuevo partido.
Hay un cierto punto de desencuentro entre lo que se hace -rechazar la legalización- y lo que se dice. La falta de un discurso pedagógico que dé arrope a las actuaciones del Gobierno y que haga éstas más comprensibles para los ciudadanos puede ser interpretada por algunos como un doble juego y de ahí nace la desconfianza entre los sectores más sensibles con el terrorismo, como son las víctimas.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 1/3/2011