EL CORREO 14/11/14
· Medio centenar de reclusos tienen preparados recursos para que se les traslade a Euskadi
Los presos de ETA abrirán en las próximas semanas la vía judicial para intentar poner fin a la dispersión. Los abogados de medio centenar de reclusos tienen preparados ya sendos escritos de queja para que el juez de vigilancia penitenciaria ordene su traslado al País Vasco, a la cárcel ubicada en el municipio alavés de Nanclares de Oca. Un paso más en la estrategia que el EPPK anunció el 28 de diciembre del año pasado. Los presos de ETA abrirán en las próximas semanas la vía judicial para intentar poner fin a la dispersión. Los abogados de medio centenar de reclusos tienen preparados ya sendos escritos de queja que harán efectivos en breve ante el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro. Los internos solicitarán al magistrado que ordene su traslado al País Vasco, en concreto a la cárcel de Zaballa, en Álava, por considerar que se están «vulnerando» sus «derechos fundamentales», al estar cumpliendo condena lejos de los lugares de arraigo, donde se encuentran sus familiares.
Esta iniciativa supone el segundo capítulo de la campaña que el colectivo de presos anunció a finales del año pasado y por la que han asumido las vías legales –que durante décadas denostaron– para mejorar su situación penitenciaria y acelerar su excarcelación. Después de aquel anuncio del 28 de diciembre, los reclusos fueron presentando de manera escalonada ante Instituciones Penitenciarias diferentes escritos en los que demandaban o su puesta en libertad –si se trataba de enfermos o si habían cumplido tres cuartas parte de la pena– o su acercamiento a Euskadi. Ese proceso, que arrancó en febrero con las primeras misivas, concluyó en junio. Las peticiones de los 400 internos en España fueron rechazadas por las juntas de tratamiento de cada centro.
Ahora el EPPK da el paso de judicializar este asunto, consciente de que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene ninguna voluntad de promover planes especiales para ellos. Creen que, como ocurrió con la ‘doctrina Parot’, los tribunales pueden favorecerles. Los escritos se cursarán de manera individual, aunque mantienen un esquema muy similar. Los abogados habrían distribuido un formulario a sus defendidos para que rellenen los huecos con su experiencia personal, según informó ayer Europa Press. Con 14 folios de extensión, estos documentos dejan espacios en blanco para que los reclusos escriban su nombre (precedido de la leyenda «preso político»), para que detallen su periplo por los diferentes centros penitenciarios y para que expongan los kilómetros que les separan de sus domicilios.
Cada interno relata, además, los «abusos» que, en su opinión, están padeciendo. En algunos casos explican, incluso, la pérdida de allegados a consecuencia de accidentes de tráfico durante el trayecto para visitarles. En cada escrito se alude, asimismo, a un acuerdo que los jueces de vigilancia penitenciaria de toda España adoptaron en 1994 y que permite que los magistrados decidan sobre el lugar exacto de cumplimiento de las penas –función en principio restringida para Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central–. Una facultad que sería posible si se demuestra que un traslado concreto obedece a una «sanción encubierta».
Precedente de 1996
La iniciativa se restringe, por el momento, a medio centenar de presos, los que se consideran dentro del EPPK como los «casos más flagrantes». La campaña se extenderá en los próximos meses al resto del colectivo de ETA que cumple sus penas en cárceles españolas. La voluntad de los letrados es «no saturar» ni «colapsar» el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y poner sobre la mesa los casos con mayores posibilidades de obtener un resultado favorable a los intereses de los presos. La iniciativa será presentada hoy en Bilbao por dos de los abogados que representan a estos reclusos. Comparecerán ante los medios de comunicación el senador por Amaiur Iñaki Goioaga y Haizea Zilueta.
De rechazar el juez estos acercamientos, cada preso recurriría a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debería analizar los casos uno por uno. La vía judicial proseguiría por el Constitucional y de allí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una puerta esta última que los abogados esperan que no sea necesario tocar. Creen que el temor a un nuevo varapalo por parte de Estrasburgo, como con la ‘doctrina Parot’, podría llevar a los magistrados españoles a dar la razón a los etarras
encarcelados. Los reclusos ya probaron en 1996 la opción de los tribunales para lograr su acercamiento a Euskadi. Lo hicieron con recursos ante lo contencioso-administrativo, que no prosperaron. Entonces tampoco se apuró la vía internacional.
El nuevo movimiento de los presos recibió ayer la respuesta del Gobierno central. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, aseguró durante una comparecencia en el Congreso que el EPPK ejerce un control «tan fuerte o más» que cuando la banda asesinaba. Y lanzó una advertencia a los reclusos: «Cada interno de ETA tiene la solución a su problema en la mano. Si quieren una solución colectiva e impuesta, deben saber que no es legal». Yuste recordó que internos de la ‘vía Nanclares’ ya cumplen sus penas en Euskadi, algunos disfrutan del tercer grado y otros se encuentran en libertad condicional.
EH Bildu, por su parte, respaldó el movimiento del EPPK y pidió al resto de formaciones políticas, en especial al PNV y al Gobierno vasco, que tomen medidas para «proteger» y «acompañar» los pasos de los presos de ETA. En opinión del parlamentario Julen Arzuaga, con este gesto los reos «cumplen con la palabra dada» y asumen su promesa de diciembre pasado de utilizar «cauces legales» para favorecer su excarcelación, aunque ello conlleve «aceptar implícitamente sus condenas», algo tabú para ETA durante décadas.
El Gobierno vasco acogió el movimiento del EPPK como un «paso positivo», aunque su portavoz, Josu Erkoreka, mostró sus dudas sobre la efectividad de ese gesto al tratarse de una queja y no de un recurso individualizado. Finalmente, el socialista Patxi López señaló que si lo que buscan los reclusos es la reinserción, «bienvenido sea».