Patxo Unzueta, EL PAÍS, 7/6/12
Los reclusos de ETA quedan atrapados en la ratonera de una negociación imposible
Si el terrorismo no es sino una “propuesta extrema de negociación”, según la fórmula de algunos de sus apologistas, su legitimación en un marco democrático dependerá de que consiga convertirse en interlocutor del poder legítimo para acordar cambios institucionales. La declaración de los presos de ETA difundida el pasado domingo da por superada la fase de actividad armada y reclama una negociación con los Gobiernos de España y Francia para “estructurar el proceso de solución del conflicto y el camino de negociación” siguiendo la hoja de ruta aprobada en la Conferencia de San Sebastián, reunida bajo la presidencia de Kofi Annan en vísperas de la decisión de ETA de cese de la violencia. Los presos se consideran a sí mismos un “reflejo del conflicto político” y abogan por unir su demanda de excarcelación a la solución del mismo. Lo sintetizan en la fórmula “amnistía-autodeterminación”.
Es un planteamiento que recuerda al de un conocido dirigente etarra de los años 70, José Manuel Pagoaga, Peixoto, que lamentaba en 1982 que la gente no entendiera bien el significado de la amnistía como “antesala de la alternativa Kas” (su programa de autodeterminación más Navarra de entonces) y como reconocimiento por parte del Gobierno de que “la lucha que hemos mantenido ha sido correcta y que en cambio la represión que se ha desplegado contra nosotros ha sido injusta”. “Seguidamente”, añadía, “viene la indemnización, pero lo único que nosotros pedimos es que se vayan a casa: que nos dejen en paz”.
Los presos no solo no aceptan plantear sus demandas de manera individual, como habían augurado portavoces de la exBatasuna, sino que vuelven a las fantasías de hace 30 años: la amnistía como consecuencia natural de su victoria política, plasmada en la negociación sobre las “causas y las consecuencias del conflicto” (Rufi Etxeberria, El Correo 3-6-12). ETA ya había precisado, y la izquierda abertzale avalado, que entre los temas a negociar figuraba, a cambio de la entrega de las armas, la retirada de Euskadi de las fuerzas de seguridad: que se vayan a casa, como decía Peixoto.
El objetivo no es la autodeterminación, sino la negociación misma, o al menos que se hable de su posibilidad, con la esperanza de que una parte del nacionalismo y otros sectores la consideren plausible. Esto bastaría para tomar ventaja en la batalla por el pasado que se abrió con la declaración de cese de la violencia: la batalla por la memoria que quede de ETA. Aunque no sea compartida por la mayoría, mantener abierta la hipótesis de la negociación sobre amnistía, autodeterminación y retirada de las fuerzas policiales españolas serviría de aval a la teoría del conflicto político como justificación del recurso al terror.
Seguramente los de Otegi y Etxeberria son sinceros cuando dicen que el fin de la violencia no tiene marcha atrás. El primero de ellos no solo dijo que los objetivos se podían alcanzar sin violencia (contra lo sostenido por ETA), sino que era imposible alcanzarlos con violencia (porque nunca habría una mayoría que la respaldase). Pero lo que ahora está en juego no es el futuro sino la legitimación del pasado. La izquierda abertzale perdería votos si ETA vuelve, pero también, en su propio terreno, si se desentendiera de los presos que encarnan ese pasado. La bandera de la negociación es el nexo de unión con la lucha armada, pero esa es una vía que bloquea la posibilidad de aplicar medidas penitenciarias que permitan acortar las condenas.
Tal vez la presencia en la Conferencia de San Sebastián de Pierre Joxe, exministro socialista francés del Interior, haya hecho pensar a los jefes de ETA que el Gobierno de François Hollande vaya a ser más receptivo que el español a su pretensión de negociación directa, y de ahí que su último comunicado fuera difundido, a través de la agencia France Presse, un día después de la toma de posesión del nuevo presidente. La respuesta francesa ha tomado la forma de detenciones en su territorio de dos activistas armados, acompañadas de declaraciones del nuevo ministro del Interior que dejan pocas dudas sobre su voluntad.
La vía de la negociación implica rechazar la disolución, porque “una organización disuelta no tendría interlocución”, ha dicho Rufi Etxeberría. El punto de partida es por tanto la inevitabilidad de la negociación. Es cierto que durante años se dijo que la desaparición de la violencia era condición para “tratar todos los problemas”, como también alega Etxeberria; pero entonces se daba por supuesto que esa desaparición implicaba la disolución de la banda. La pretensión de prolongar su existencia condicionando ese paso final a ciertas contrapartidas, con el pretexto de resolver el problema de los presos, pero que implica otras cuestiones, es una trampa en la que quedan atrapados los reclusos. En aras de salvar la memoria, se han metido, o les han metido, sus jefes, en un callejón sin salida.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 7/6/12