Contemplan un nivel de gastos estratosférico. Las necesidades sanitarias y la urgencias sociales han ampliado la querencia tradicional por el contento social de los partidos que sustentan al gobierno y alcanzan un total consolidado de 550.484 millones, lo que supone un aumento del 13,6% sobre el año anterior y eso sin considerar los 26.634 millones que esperamos recibir de Europa y que confiamos en no tener que devolver, al menos no de manera directa. Porque esa es otra. La Unión Europea se va a endeudar para regar con dinero a los países miembros y esa deuda, emitida en condiciones increíblemente favorables, la tendrá que pagar en plazos dilatados y lo hará con un aumento de los presupuestos comunitarios que cubriremos todos los países miembros, a través de unas mayores contribuciones al presupuesto común.

Pero no quería ir hoy por ahí. Quería referirme a la cantidad de concesiones, unas cuantificables y otras inmateriales, pero terriblemente importantes, que está dispuesto a realizar el Gobierno para garantizarse su aprobación. Como bien sabe, el número de diputados que tiene el PSOE dista mucho de ser suficiente, así que lo primero que debe lograr es la cohesión dentro del propio Ejecutivo acercándose a su socio Podemos. Por ahí van algunos de los nuevos capítulos de gastos previstos, como las subidas de sueldos a los funcionarios y los pensionistas y el Ingreso Mínimo Vital que se ha ofrecido con generosidad y se concede con cicatería. Y, sobre todo, van las subidas de impuestos a personas y sociedades que son absolutamente insuficientes para encarar tamaño nivel de gastos, pero cuyo contenido ideológico es lluvia de abril para los podemitas.

La suma de ambos tampoco alcanza, así que debe buscar aliados, lo cual es perfectamente razonable. Lo que no es razonable son las contrapartidas solicitadas y por lo que se ve concedidas para captarlos. El catálogo es muy amplio y va desde el sensible asunto de los indultos a los políticos catalanes presos a la rapidez con que se resuelven ahora los acercamientos de presos de ETA. A ello se suma el cambio incomprensible de la Ley de Educación que prepara la ministra Celaá, que cada día muestra un aspecto más sectario.

Añada la desagradable coincidencia en el tiempo del reconvenido intento de control de la cúpula del poder judicial, mediante el torticero mecanismo de modificar una norma que requiere mayorías cualificadas a través de otra que solo exige mayorías simples. Sume esa sorprendente ocurrencia de la ‘comisión de la verdad’ que va a luchar contra la desinformación y las ‘fake news’ sin una estructura técnica e independiente, sino que estará controlada por Iván Redondo. Me da pena. ¿Se imagina el trabajo que va a tener sin salir de su despacho? Tendrá que ocuparse de la tesis doctoral ‘fake’ de su jefe; de la inexistente comisión técnica que gestionaba la pandemia; de los datos falsos de muertes causadas por ella; de todas menos una -si es que hay una cierta- de las interminables versiones dadas en el caso Ábalos/Delcy Rodríguez; de los bulos lanzados por los líderes de Podemos acerca del teléfono de Dina; de todas menos una – si es que hay una cierta- de las innumerables versiones dadas con ocasión del descabezamiento de la cúpula de la Guardia Civil, etc, etc. ¿Le quedará tiempo al pobre hombre para algo más?

Si el Gobierno pretende hacernos creer que nada de esto tiene que ver con la aprobación de los Presupuestos, ahí tiene Iván Redondo su más cercano ejemplo de desinformación intencionada. Una magnífica ocasión para estrenar el peligroso juguete que van a poner en sus manos. A no ser que Bruselas se plante, como lo hizo con la renovación de los jueces.