ABC 06/02/17
ISABEL SAN SEBASTIÁN
· El Estado de Derecho, pensábamos, se caracteriza por el imperio de la Ley, pero lo que manda es la política
EL expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau se sientan hoy en el banquillo arropados por la marea habitual de apesebrados del «prusés» llevados en autobuses hasta las puertas del tribunal con el cometido impúdico de presionar a los jueces. Los que en noviembre de 2014 eran los máximos representantes del Estado en Cataluña se enfrentan a una pena máxima de doce años de inhabilitación por tratar de subvertir el orden constitucional celebrando un referéndum de autodeterminación. Los delitos tipificados que se les imputan son dos: prevaricación, definido por la RAE como «faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia», y desobediencia. La malversación de caudales públicos, íntimamente ligada a la prevaricación, al ser evidente la necesaria utilización de fondos públicos para organizar y llevar a cabo la consulta de marras, desapareció de la lista de cargos el pasado mes de julio, mientras se negociaba la composición de la Mesa del Congreso, a petición del Ministerio Fiscal. En caso de condena, ese delito habría llevado a la cárcel a los tres «mártires de la patria» que responden hoy de sus actos. Y semejante martirio excedería con creces lo que ellos u otros sediciosos están dispuestos a pagar por entrar en la Historia como los traidores que consiguieron romper la unidad de España.
En agradecimiento a esa benevolencia gubernamental (la Fiscalía depende directamente del Ejecutivo) los elegidos para la gloria de pilotar la vida parlamentaria desde la citada Mesa obtuvieron diez votos más de los previstos sumando los diputados del PP y los de Ciudadanos, evidentemente procedentes en su mayoría de las filas convergentes. Pero ésa no era la razón principal para librar a Mas y compañía de la mera posibilidad de pasar una temporada entre rejas. En realidad, los gurús de la «política pragmática», los maestros en el arte de sobrevivir a costa de poner los intereses por encima de los principios, habían llegado a la conclusión de que aplicar al expresident el mismo rasero que a cualquier otro español resultaría «contraproducente», echaría más leña al fuego independentista, atizaría sus llamas. O sea, que una vez más, la respuesta al desafío debía ser el apaciguamiento.
El Estado de Derecho, pensábamos, se caracteriza por el imperio de la Ley igual para todos, pero resulta que no. Lo que manda es la conveniencia, la coyuntura, eso que llamamos «política» y hoy se escribe con minúscula. Si te apellidas Pantoja y puedes servir de escarmiento, ten por seguro que a la mínima serás pasto de paparazzi esperándote, cámara en ristre, a las puertas del talego. Si eres un político amortizado o caído en desgracia en las filas de tu propio partido, como Rodrigo Rato, te despellejarán en la plaza pública por utilizar una tarjeta black, antes de pedirte una pena de seis años y cuatro meses de prisión. Si se te ocurre discrepar con Hacienda en la forma de tributar y la cantidad objeto de disputa supera los 120.000 euros, prepárate para una estancia de entre doce meses y cinco años «a la sombra», además de una multa que puede llegar a multiplicar por seis lo defraudado. Pero si tu delito es emplear el poder que te da tu cargo para tratar de quebrar la Nación a la que representas, entonces no pasa nada. Lo peor que puede ocurrirte es que te conviertan en mártir. Prevaricar, si eres separatista, es una auténtica ganga.