Editorial-El Mundo
AÚN no ha arrancado oficialmente la legislatura y Pedro Sánchez ya acumula su primer gran fracaso después del 28-A. El veto de ERC y JxCat a Miquel Iceta para ser designado senador autonómico aboca prácticamente al fracaso el intento del presidente del Gobierno de situar al líder de los socialistas catalanes como presidente del Senado. La operación diseñada por La Moncloa no ha podido ser más torpe y chapucera. Primero, por no guardar las formas y alimentar la posibilidad de colocar a Iceta como cuarta autoridad del Estado sin tener atados los apoyos para convertirse primero en senador. Segundo, por el empeño de Sánchez –pese a disponer el PSOE de mayoría absoluta en el Senado– en aupar al primer secretario del PSC a la Presidencia de la cámara desdeñando así al resto de senadores de su grupo. Y, tercero, tal como revelamos hoy, por los efectos que puede tener de cara a frustrar la investidura del propio Sánchez teniendo en cuenta la tensión desatada entre Esquerra y los socialistas. El fiasco esconde la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno y revela hasta qué punto es arriesgado fiar la estabilidad de la legislatura al independentismo. Resulta inexplicable que los socialistas se hagan ahora los sorprendidos de la poca o nula fiabilidad de las formaciones secesionistas.
Es cierto que la designación de senadores por vía autonómica formaba parte de un trámite de cortesía en el Parlamento catalán. De hecho, Iceta es el primer diputado vetado. Sin embargo, políticamente, ello no es óbice para subrayar el batacazo de Sánchez. Está por ver el recorrido judicial del recurso que el PSC interpondrá al Constitucional por considerar el veto una decisión «aberrante» que vulnera sus derechos. De momento, lo que se ha constatado es que ni Iceta era el candidato idóneo para presidir el Senado ni Sánchez debe seguir coqueteando con formaciones como las independentistas, instaladas en la antipolítica. Ambos debieron calcular los riesgos de forzar esta operación en una coyuntura marcada por la campaña del 26-M y por los continuos desafíos del soberanismo al Estado de derecho.
El portazo independentista llega en vísperas de la constitución de las Mesas del Congreso y el Senado, que dará pistas sobre la dirección por la que Sánchez quiere guiarse en esta legislatura. Lo verdaderamente grave de este embrollo generado por el presidente del Gobierno es que haya mostrado la voluntad de erigir en cuarta autoridad del Estado a un dirigente abiertamente partidario de la plurinacionalidad y de una difusa reforma federal del modelo de Estado. Sánchez no puede aspirar a permanecer cuatro años siendo rehén del independentismo. No sólo porque resulta inviable, sino porque supondría una bomba de relojería para la arquitectura constitucional de España.