ABC 07/12/16
EDITORIAL
· La modificación de la Carta Magna no debe ser un recurso oportunista para contentar a los nacionalismos separatistas
EL asunto dominante de los actos institucionales del 38 aniversario de la Constitución Española fue su posible reforma a lo largo de esta legislatura. La habitualidad e insistencia con la que se aborda esta reforma no va acompañada, sin embargo, de una valoración realista de lo que significa modificar el texto constitucional de un Estado democrático, ni de un debate previo sobre objetivos de la reforma y consensos básicos para hacerla legítima y duradera. Mariano Rajoy echó mano de su código de prudencia y rebajó las expectativas sobre una inminente puesta en marcha de la reforma constitucional. En las condiciones actuales, sería temerario. En esta legislatura, los dos grandes partidos tienen la más baja representación de la historia de la democracia, lo que, si bien está actuando como una oportunidad para la colaboración entre PP y PSOE, también es una contraindicación para impulsar una reforma de la Constitución que pretenda ser sustancial. Por otro lado, una parte significativa de la izquierda y el nacionalismo en su conjunto no aspiran a una revisión que mejore la Constitución, sino a la demolición del sistema democrático representativo y del Estado autonómico, basado en la unidad indisoluble de la Nación española. No hay que engañarse con cantos de sirena sobre las bondades del consenso: partidos como Podemos y nacionalistas como ERC o Bildu ven en la reforma constitucional la oportunidad de quebrar los fundamentos de la democracia de 1978.
Por otro lado, el PSOE no está en condiciones actualmente de liderar con el PP esa reforma constitucional. Antes debe celebrarse su Congreso, elegir su nueva dirección y, sobre todo, definir qué modelo quiere para España. Será entonces cuando el PSOE tendrá criterios para aportarlos a un debate tan trascendental para el futuro del país. Solo en la cuestión territorial, el PSOE es un laberinto de declaraciones institucionales y personales, que oscilan entre el tradicional igualitarismo ciudadano de la izquierda y el filonacionalismo confederal. El precedente inmediato que retrata a los socialistas es el Estatuto catalán de 2006, que creaba una cosoberanía compartida entre el Estado y Cataluña, anulada oportunamente por el TC. Mucho tienen que cambiar las cosas en el PSOE para hacerlo fiable en un debate sobre la reforma de la Constitución.
La modificación del texto constitucional no debe ser un recurso oportunista para satisfacer necesidades internas del PSOE, ni para contentar a los separatistas. El problema de los secesionistas no es la falta de reformas de la Constitución de 1978, sino la existencia misma de un Estado constitucional basado en la unidad nacional, la soberanía del pueblo español y la igualdad de los españoles. Y para los españoles no separatistas, el problema es que la Constitución nunca ha llegado a aplicarse en su integridad allí donde es cuestionada. Antes de reformarla, mejor aplicarla en toda su extensión.