EL CORREO 14/01/14
· El juez asegura que están a las órdenes de la banda y que han impedido que los reclusos hayan aceptado las vías de reinserción
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a la cárcel a Arantza Zulueta, Jon Enparantza y los otros seis detenidos en la operación de la Guardia Civil de la pasada semana en Bilbao con la convicción de que son parte de ETA. El magistrado sostiene que más que abogados o interlocutores de los presos de la banda son «un brazo operativo» de la organización terrorista. El juez Eloy Velasco asegura que reciben «directrices» de la banda y que han impedido a los reclusos que acepten las vías individuales de reinserción
Arantza Zulueta, Jon Enparantza y los otros seis detenidos en la ‘operación jaque’ que la Guardia Civil llevó a cabo la pasada semana en Bilbao son parte de ETA. Es la conclusión a la que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras analizar los informes del instituto armado y parte de la ingente documentación incautada en esa redada. El titular del Juzgado de Instrucción número 6, el mismo que prohibió la manifestación el sábado bajo el lema ‘Tantaz tanta’, ordenó ayer, tras tomarles declaración, el ingreso en prisión de todos ellos, sin la posibilidad de que alguno pudiera abonar una fianza. Sustenta esta medida en que existe «riesgo de fuga» y de «reiteración delictiva», además de poder destruir pruebas.
Velasco, que recuerda que «ETA es una organización terrorista no disuelta», asume como propios en su práctica totalidad los argumentos que constan en los informes elaborados por la Guardia Civil. Sostiene que más que abogados o interlocutores de los presos los ocho arrestados son «un brazo operativo» de la banda, que forma parte de la «estructura política» de la organización terrorista y está en contacto constante con la cúpula etarra. El magistrado les acusa, incluso, de haberse convertido en un freno para que el colectivo de reclusos asumiera antes las tesis de la izquierda abertzale en su apuesta por los métodos exclusivamente pacíficos y que han impedido que los internos pudieran asumir las vías individuales de reinserción.
Los ocho procesados ingresaron en la tarde de ayer en prisión y quedaron repartidos en cinco cárceles de los alrededores de Madrid. Arantza Zulueta, considerada junto a Enparantza la principal líder del grupo, fue enviada a Estremera, la misma prisión en la que cumple condena Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’.
El auto de prisión detalla en quince folios las diferentes estructuras de que dispone la banda para «el control y dirección de sus militantes en el interior de las prisiones», lo que, dice el juez, es el «frente de cárceles/subaparato de makos». La «dirección y supervisión» del colectivo queda en manos del llamado KT –grupo de coordinación–. Lo componen «al menos desde febrero de 2003» los ocho encarcelados. Además de Zulueta y Enparantza, figuran José Luis Campo, Aitziber Sagarminaga, José Miguel Almandoz, Egoitz López de la Calle, Aintzane Orcolaga y Asier Aranguren. Todos ellos se enfrentan a un delito de pertenencia a organización terrorista y podrían ser condenados a penas «en este caso entre 6 y 12 años de prisión».
Este grupo, sostiene el juez de instrucción, trabaja «en clandestinidad», «milita» en ETA y es el encargado de transmitir «las directrices» de la banda a la «dirección» del EPPK en el interior de las cárceles (identificada con las siglas MBLT) y al «grupo de intermediación» (BT), formado por más de una veintena de personas –alguno de ellos «nombrado directamente por ETA»– que están en libertad, entre quienes también se encuentran los miembros del KT.
El objetivo de esta estructura y, en especial, del equipo encabezado por Zulueta y Enparantza es «favorecer el control» de los reclusos «desde el exterior» de tal manera que «todo aquel preso que decida abandonar la disciplina de ETA o condenar su actividad deja de recibir el apoyo económico, jurídico, social y sanitario que recibía». Además, el KT se ocupaba de «organizar una red de distribución de notas» –mediante «rulos o canutillos de papel cebolla»– con la que introducían los mensajes de la cúpula etarra en las cárceles y se encargaba de articular el «apoyo social, afectivo, económico y jurídico» en torno al colectivo de presos y guiar la «actividad del entramado de apoyo» a los reclusos compuesto por entidades como Herrira, Etxerat, Jaiki-Hadi «y el colectivo de abogados». Zulueta y el resto de encarcelados eran los encargados de decidir sobre el «ostracismo y expulsión de ETA de quien siga la ‘vía Nanclares’».
Velasco apoya las acusaciones en las vigilancias policiales de los últimos dos años y en una veintena de documentos intervenidos tanto en los registros de la pasada semana como en los que el mismo juez dirigió a finales de septiembre contra Herrira, la plataforma de apoyo a los presos que tiene sus actividades anuladas durante los dos próximos años. Todos esos papeles apuntalarían las tesis que «vinculan a los 8 detenidos directamente con estructuras que conforman en sí mismo parte crucial de la organización terrorista ETA».
Viaje entre París y Hendaya
El auto desvela cómo el último comunicado del EPPK, que la Guardia Civil sostiene que es obra de Zulueta, «ya estaba confeccionado» para el pasado 24 de diciembre, aunque no se difundió hasta el sábado 28. De hecho, los miembros del KT mantuvieron una reunión dos días antes de que se hiciera público por Internet.
El juez rechaza en su auto la pretensión de la defensa de los ocho procesados para que quedaran en libertad en atención a «la realidad actual en un contexto social de ausencia de violencia». Velasco recuerda que ese razonamiento no se puede aceptar porque las estructuras de ETA persisten al no haberse disuelto y que «la experiencia de 51 años de terrorismo etarra no ha sido incompatible con retornos a la actividad armada». Y detalla que entre las pruebas figura un billete de tren de Enparantza para cubrir el trayecto París-Hendaya, cuando este abogado tiene prohibido salir de España por estar imputado, junto a Zulueta, en el ‘caso Alboka’.
El auto de prisión advierte que aún hay líneas de investigación abiertas –se han incautado «30 cajas de documentos»– y llama la atención sobre el hecho de que en uno de esos papeles se habla de la puesta en marcha de «un nuevo movimiento que sustituya a Herrira». En este sentido, llama a declarar el próximo jueves a la abogada Naia Zurriarain. Le acusa de haber introducido en la prisión de Sevilla un «canuto o rulo con instrucciones de ETA» que habría entregado al terrorista Asier Arzallus.