JON JUARISTI, ABC 23/06/13
· Los conciertos económicos no deben ser utilizados por el Gobierno como recurso para la negociación política.
Con la trifulca que se ha armado desde Cataluña en torno a los conciertos económicos, ha vuelto a salir a flote la cuestión de la excepcionalidad vasca, que no se agota, ni mucho menos, en el aspecto fiscal. Los tiempos no son propicios al privilegio, y hay partidos que plantean la actual crisis como una coyuntura favorable a la nivelación de las diferencias regionales, lo que, dicho así, no suena a disparate pero puede serlo. No es casual, por otra parte, que la impugnación del régimen de conciertos haya surgido del sector federalista del PSC (aunque UPyD, que no se caracteriza por simpatías hacia el federalismo, la incluyera desde el principio en su programa máximo).
El federalismo ha sido en España una ideología artificial y perniciosa, sobre todo para la propia izquierda que lo impulsó. Se cargó la Primera República y tuvo bastante que ver con el fracaso militar y político de la Segunda. Su desdén por la Historia resulta verdaderamente escandaloso (como mucho, ha invocado incomprobables divisiones prehistóricas para justificar su obsesiva necesidad de hacer tabla rasa de la nación histórica). Ha tirado siempre de lo más tonto y perezoso de la parroquia, o de lo más pedante, y con gusto nos devolvería a Atapuerca para empezar de cero y convertir España en un mosaico caprichoso y tribal, cuando lo cierto es que, con toda su variedad, España tiene menos de mosaico que cualquier otra nación europea, como muy acertadamente observó Julián Marías. Iba a decir que el federalismo es la otra cara del centralismo estéril, arbitrario y estúpido, pero no sería exacto. Es la misma. Un federalismo en España, por la sencilla razón de que la nación histórica ha sido agregativa y unitaria, sólo podría mantenerse desde un Estado central autoritario e hipertrofiado (como ha sucedido en las repúblicas «federales» latinoamericanas, por cierto).
Otra cosa es que el régimen de conciertos y, en general, la relación del Estado con la autonomía vasca necesiten ser encauzados y apartados de derivas insolidarias y secesionistas. Pero para eso no es necesario cargarse diferencias legítimas. Entre sacar los tanques a la calle (como parecen estar deseando, más que temiendo, los nacionalistas vascos) y mantener la política de concesiones que ha convertido medio País Vasco en feudo de la izquierda abertzale, hay una tercera vía razonable y justa, que es la de una responsabilidad nacional que ha brillado por su ausencia desde los orígenes mismos de la Transición. Porque las concesiones de todo tipo, y en particular las hechas en las negociaciones del cupo, aunque se hayan justificado como tentativas de atraer al nacionalismo vasco hacia la lealtad constitucional, han tenido mucho más que ver con los intereses coyunturales de los partidos del Gobierno, necesitados de alianzas con los nacionalistas. Resultaría absurdamente tautológico reprochar a éstos un comportamiento oportunista y desleal (por definición, el nacionalismo es ambas cosas), cuando se han limitado a aprovecharse de que desde el ejecutivo se hayan antepuesto los intereses de los partidos gobernantes a los de la nación.
El resultado está a la vista: por una parte, el eclipse en el País Vasco de los partidos de ámbito nacional, cuyos votantes se han cansado de dar su apoyo a formaciones más deferentes con los nacionalistas que con sus propias bases electorales, y por otra, la apropiación por el nacionalismo vasco de unas peculiaridades institucionales que formaban parte del legado histórico del Estado liberal. Quizás haya llegado el momento de recuperarlas y devolverles su sentido original. Por algo hay que empezar.
JON JUARISTI, ABC 23/06/13